Con la aprobación de diputados, el Gobierno puede usar la tan famosa “cláusula de escape”, estipulada en la Ley de Responsabilidad Fiscal, para que el déficit pueda flexibilizarse del 1,5% al 3% en ocasiones excepcionales. Este aumento le da la posibilidad al Estado, de disponer de aproximadamente US$ 1.200 millones de deuda exclusivamente para realizar inversiones en obras públicas que ayuden a mantener la recuperación económica del país, con el compromiso de que en los próximos años el Ministerio de Hacienda vuelva a respetar el tope de 1,5% de déficit fiscal.
Para el abogado tributarista, Luís Carísimo, el problema radica en que el aumento va a ser destinado al pago de salarios públicos, que representa un desvío de fondos a un fin no óptimo porque lo que Paraguay necesita hoy día es invertir en salud, educación e infraestructura como rutas, escuelas y hospitales. “Destinar estos ingresos tributarios con la deuda que el Estado incurre para financiar esto me parece excesivo, más aún cuando la economía transita lentamente”, expresó Carísimo.
Según el entrevistado, si bien el argumento principal para aumentar a 3% el déficit fiscal es la continuación de inversiones para infraestructura, existe un gran porcentaje de esos recursos que se usarán para aumentos salariales del funcionariado público. Agregó que los gastos rígidos ya crecieron bastante en acompañamiento con la mayor recaudación que reporta año tras año la Sub-Secretaría de Estado de Tributación (SET), incluso de manera indiscriminada, siendo que la mayoría de las veces los servicios realizados por determinadas partes del sector público no responden a las demandas de la ciudadanía.
“El uso de ingresos tributarios para aumentos también es injusto para aquellos funcionarios que sí están haciendo su trabajo, porque se realiza de forma indiscriminada y sin ningún tipo de mecanismo de evaluación”, añadió Carísimo. En complemento, manifestó que tomar una decisión así en un momento en el que la coyuntura económica no es la mejor es “muy jugado” y temerario.