Por Gideon Long
Las principales naciones de América Latina están cada vez más impacientes con la incapacidad de la región para encontrar una solución a la crisis en Venezuela, o incluso para emitir una enérgica condena de lo que está ocurriendo en Caracas.
Una reunión de dirigentes de todo el continente americano el lunes dejó exasperados a mexicanos, brasileños, argentinos y otros. Esperaban que la Organización de los Estados Americanos (OEA), que agrupa a 35 países tanto del norte como del sur, acordara una resolución criticando los planes de Nicolás Maduro de establecer una asamblea para reescribir la constitución y consolidar su control del poder.
Las protestas contra el gobierno del Sr. Maduro, ahora en su 12ª semana, han dejado 70 personas muertas.
Sin embargo, a pesar de su tamaño e influencia, Brasil y México fueron frustrados por un puñado de países izquierdistas y estados insulares del Caribe que votaron en contra del proyecto de resolución de la OEA o se abstuvieron, garantizando que el encuentro del bloque en el balneario mexicano de Cancún terminara en un estancamiento.
Brasil y Chile describieron al gobierno de Venezuela como una "dictadura", algo que se habían rehusado a hacer en el pasado. América Latina tiene una larga tradición de no interferencia mutua y rara vez critica a sus vecinos sin rodeos, pero la gravedad de la crisis venezolana justifica la acción.
Mientras los ministros se reunían en Cancún, miles de personas volvieron a las calles de Caracas para protestar contra el cada vez más impopular régimen de Maduro. Los manifestantes quieren elecciones libres y la liberación de los presos políticos. Muchos quieren que el Sr. Maduro dimita de inmediato o que al menos anule sus planes de las elecciones del 30 de julio para la nueva asamblea constituyente.
Dos manifestantes adolescentes fueron asesinados justo antes de la reunión de Cancún y el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, dijo que su sangre había manchado la reunión de la OEA. Dijo que el bloque le había fallado a la comunidad internacional, había defraudado a millones de venezolanos y "estaba prácticamente dividido en dos grupos diferentes".
David Smilde, un analista político radicado en Caracas, dijo que las principales naciones de América Latina deben hacer más para ganarse a los estados más pequeños del Caribe, muchos de los cuales se han beneficiado del astuto uso de "poder blando" venezolano, incluyendo inversiones y petróleo barato, desde principios del siglo XX.
En Caracas, han aparecido algunas grietas en la "Revolución Bolivariana" de Venezuela, iniciada por el fallecido líder del país, Hugo Chávez, y reforzada cada vez con más dificultad por el Sr. Maduro desde la muerte del Sr. Chávez en 2013. Hace una semana, Alexis López Ramírez, un general del ejército y jefe del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, renunció a causa de la proyectada asamblea constituyente, una rara deserción en el seno de las fuerzas armadas.
La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega ha mantenido su embestida contra el gobierno de Maduro, del que dice "está desmantelando el estado venezolano". En algún momento fue una importante partidaria del régimen, pero le ha dado la espalda y ahora es aborrecida por muchos en el gobierno.
Económicamente, los venezolanos siguen sufriendo y los inversionistas internacionales se preguntan cuánto tiempo más el país podrá pagar sus deudas, con el precio del petróleo por debajo de los US$50 por barril y la disminución de las reservas de divisas.
Pirelli y United Airlines se convirtieron en las últimas compañías internacionales en abandonar Venezuela este mes. La compañía italiana fabricante de neumáticos dijo que ya no podía garantizar los suministros a su fábrica en Valencia y suspendía la producción, mientras que United dijo que cancelaría todos los vuelos a Venezuela en julio.
En un sorprendente ejemplo de lo que podría suceder si Caracas no cumple con sus obligaciones de deuda, una compañía naviera estatal rusa decomisó un cargamento de petróleo venezolano en el Caribe como compensación por lo que dice ser las tarifas de envío no pagadas que le debe PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana, informó Reuters.
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