Coronel señaló que el equipo económico del Gobierno analizó distintos escenarios tributarios y concluyó que las subas impositivas no resuelven el problema de fondo del sistema previsional público. “Hicimos una estimación basada en las propuestas de estos sectores, que plantean elevar impuestos como el IRP y el IVA”, explicó, y remarcó que esas medidas solo generarían un alivio transitorio.
En el caso del IRP, la gerente aclaró que, únicamente a modo ilustrativo y sin que constituya una propuesta del MEF, la tasa debería aumentar del 10% al 48% ya en 2025 para cubrir el déficit. Además, advirtió que la dinámica demográfica de la Caja Fiscal obligaría a incrementos sucesivos, que llevarían la tasa hasta el 86% en 2028.
Respecto al IVA, Coronel indicó que también se evaluó la posibilidad de elevar la tasa del 10% al 14%, como sugirieron algunos sectores. Sin embargo, afirmó que incluso con ese incremento los recursos seguirían siendo insuficientes. “Un IVA al 14% permitiría recaudar más de US$ 1.144 millones anuales, lo que alcanzaría solo para cubrir el déficit estimado de la Caja Fiscal en 2026 y 2027, y apenas una parte del correspondiente a 2028”, detalló.
La funcionaria identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación como el principal factor del desequilibrio del sistema. Explicó que la Caja Fiscal ya se financia con impuestos generales y que ese esquema beneficia principalmente a sectores como el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Coronel advirtió que, de mantenerse las reglas actuales, en 2028 el 100% del déficit de la Caja Fiscal deberá cubrirse con recursos del Tesoro. “Ese monto rondará los US$ 683 millones, una cifra muy cercana al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló, y alertó sobre el impacto que esto genera en las finanzas públicas.
Para dimensionar ese costo, la gerente explicó que con US$ 683 millones el Estado podría construir 10 hospitales de alta complejidad, financiar la pensión del 86% de la población adulta mayor, refaccionar 350 centros educativos, pavimentar más de 3.200 kilómetros de rutas asfaltadas o ejecutar obras de alcantarillado sanitario en unas 16.000 hectáreas.
En lugar de aumentar impuestos en 2026, el MEF impulsa una reforma estructural que plantea una regla de acceso gradual a la jubilación desde los 57 años para sectores como el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, los Magistrados Judiciales, la Policía y las Fuerzas Militares. El esquema incluye tablas de sustitución que premian una mayor permanencia en actividad y mayores aportes al sistema.
Según explicó Coronel, para el Magisterio Nacional, los docentes universitarios y los magistrados judiciales, la tasa de sustitución oscila entre el 78% y el 100% al cumplir con 57 años de edad y 25 años de servicio. En el caso de las Fuerzas Públicas, la tasa parte del 50% con 20 años de servicio y puede llegar al 100% con 35 años de aportes.
El proyecto también prevé un aumento del aporte obrero-patronal del 16% al 19% para todos los cotizantes de la Caja Fiscal, además de un aporte adicional del 3% por parte del Estado como empleador. A esto se suma una base de cálculo homogénea, que considera el promedio de los últimos cinco años de salarios cotizados, un criterio que ya rige para el programa civil.
Finalmente, la gerente de Desarrollo Económico del MEF enfatizó que el Gobierno respeta los derechos adquiridos. Aclaró que los funcionarios que ya cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente podrán jubilarse cuando lo decidan, bajo las reglas actuales. “Es importante poner números a cada propuesta y dimensionar su costo real, porque ahí es donde debemos pensar todos como sociedad”, concluyó.