Según el artículo 239 de la Ley 125/91 que establece el nuevo régimen tributario, la distribución de las multas cobradas por fiscalización de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) podrán llegar al 50%, limitado por la partida presupuestaria establecida en el Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN). “El monto (remuneración adicional) no puede superar por mes los G. 2 millones para el que menos cobra y para el que más cobra llega a G. 4 millones. No estamos hablando de un monto astronómico por persona”, explicó Óscar Orué, viceministro de la SET.
Textualmente la legislación indica que “el funcionario actuante será considerado “denunciante” de cualquier infracción y tendrá derecho hasta el 50% de las multas que se aplicaren y cobraren al transgresor. El funcionario actúa en nombre y representación de los funcionarios públicos de la Administración Tributaria, entre quienes se deberá distribuir el producto de la participación en la multa mediante un sistema equitativo que se establecerá reglamentariamente por resolución de la Administración Tributaria”.
El viceministro mencionó que el caso del cobro de multas no es inmediato porque existen entre G. 50 mil millones a G. 100 mil millones de multas aplicadas que aún no se cobran, por lo que el caso Daher podría ser similar. Asimismo, Orué sostuvo que “la legislación busca establecer incentivos a los funcionarios por la realización transparente de las funciones de fiscalización y determinación de posibles evasiones y evasiones de impuestos”.
Anteriormente el artículo 239 otorgaba el derecho al denunciante al 30% de las multas aplicadas y cobradas al transgresor -incluyendo al contribuyente que manifieste su propia infracción-, sin embargo, no incluía a los funcionarios actuantes como denunciantes. El ingreso por la percepción de las multas era destinado a la partida Rentas Generales para la recotización salarial de los funcionarios de la Administración Tributaria.
Continuando con los antecedentes, la miembro de la organización Resistencia Contable Lilian de Ortiz recordó que el artículo 239 fue modificado dos veces, primero por la Ley 2421/04, reglamentada por la Resolución N°357 que establecía diferentes porcentajes sobre las multas cobradas. “Posteriormente, la exviceministra Marta González hizo la Resolución Nº12/15 e incluyó un prorrateo diferente para la distribución de los ingresos por fiscalización. En 2018 los parámetros de Marta fueron bajados para que todos los funcionarios reciban por partes iguales la distribución de esas multas”, añadió Lilian.
La especialista en tributación manifestó que en el último año el monto de las multas cobradas llegó a casi US$ 14 millones y que “más o menos cada funcionario recibe G. 2 millones en promedio”. Monto similar a lo enmarcado por el viceministro Óscar Orué.
Busca derogación
El senador Enrique Salyn Buzarquis anunció en la tarde del martes que solicitará la modificación del artículo 239 de la Ley 125/91 del nuevo régimen tributario por ser inconstitucional al retribuir a los funcionarios de la SET, siendo que ya cobran un salario. “En vez de que ese dinero vaya a los funcionarios queremos blindarlo y que los recursos vayan a salud y educación pública. Los funcionarios ya tienen muchos incentivos, beneficios y ganan demasiado bien”, expresó el senador.
En concordancia con el pedido de derogación del artículo, el senador reiteró que el momento por el que está pasando Paraguay no es tan bueno y que el dinero correspondiente al cobro de multas se necesita en otros sectores del Estado.
A su vez, el viceministro Óscar Orué afirmó que es posible cambiar la distribución pero hay que dar una remuneración acorde al trabajo de los funcionarios porque el promedio de salario es G. 3.800.000, un monto no tan elevado. “Podemos aumentar salarios y cortar la distribución de multa, yo no me cierro a que en el Congreso se discuta eso, pero siempre hay que tener en cuenta la reivindicación del salario del funcionario de la SET”, acotó.
Mientras que, según Lilian de Ortíz, lo ideal sería regular el cobro de multas vía decreto para todas las instituciones del Estado y que se dispongan valores diferentes, teniendo en cuenta que con la normativa actual los denunciantes privados solo adquieren el derecho de un 30% sobre las multas y los funcionarios públicos 50%. “Todo el dinero debe entrar al presupuesto y la distribución debe hacerse de forma equitativa, justa y con reglas claras”, apuntó.