“El informe ya alertaba que Paraguay tendría una capacidad importante si modificara la Ley de Contrataciones Públicas, para conseguir un mejor control y, sobre todo, una dinámica más eficiente en la forma en que compra o adquiere los bienes”, comentó.
El ejecutivo recordó que tras la pandemia desatada en 2020 surgió la Ley de Emergencia Nacional; luego se desarrollaron las compras en el contexto de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, bajo la ley anterior.
“Eso motivó a que el Club de Ejecutivos trabajase mucho con el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en un proyecto que hemos presentado y ya entró en la cartera del 2021 en el Congreso”, afirmó.
Fue un acuerdo coordinado con el BID y el proyecto establece una serie de mecanismos de modificaciones que actualmente están procurando que se apruebe. Ya tuvo media sanción en el Senado y ahora pasó a la Cámara Baja.
Para Egüez, a corto plazo es necesario mejorar sustancialmente la calidad y la eficacia de las compras públicas a través de la promulgación de una nueva ley.
“Es vital que esta reformulación de la ley vigente salga para que comencemos a transitar en el camino de la mejora o eficiencia del gasto. El Club de Ejecutivos ha sostenido desde el 2020 que necesitamos una mejora sustancial en el modo en que gastamos”, sentenció.
La contratación pública según informe del BM
La respuesta del ejecutivo se produce como efecto del informe del Banco Mundial que cuestiona el gasto en la cosa pública en el marco del contexto sanitario.
Según el reporte del Banco Mundial, si se detiene el despilfarro, el ahorro podría llegar a los US$ 1 billón, esto evitando el malgasto en contrataciones públicas.
“Detener el despilfarro en la contratación pública podría liberar al menos US$ 1 billón al año para encaminar a las economías hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo”, asevera el informe divulgado por el BM.
Agrega que la recesión económica mundial limita la capacidad de los gobiernos para reconstruir mejor frente a los desafíos extraordinarios de la crisis sanitaria y el cambio climático.
En esta línea, el reporte precisa que la disminución del crecimiento económico previsto reduce el espacio fiscal de las naciones a medida que intentan reactivar sus economías. Al mismo tiempo, deben enfrentar niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos.
Por ello, proponen reducir cerca de US$ 13 billones anuales en contratos públicos de bienes, servicios y obras públicas.