A inicios de marzo el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 empezó a preocupar a Sudamérica porque los casos fueron aumentando en Ecuador, desde donde precisamente Paraguay importó su primer caso el 7 de marzo. Días después el Gobierno optó por llevar el país a cuarentena por 15 días y dos días después ya anunciaba las principales medidas económicas para afrontar el impacto del cierre de actividades: la reducción de la tasa de interés de 4% a 3,75%, reducción del encaje legal de los bancos, fortalecimiento de subsidios como Tekoporã y adultos mayores, fraccionamiento del pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP), algunas inyecciones para que la AFD y el BNF ofrezcan créditos a empresas y dotar de mayores recursos materiales y humanos al Ministerio de Salud.
Caída de proyección y cierre extendido
“En principio mantenemos nuestra proyección en el orden del 4%”, dijo en ese entonces el viceministro de Economía, Humberto Colmán durante la conferencia de prensa, sin embargo, el martes pasado el BCP reveló que las proyecciones del PIB para el 2020 rondaban por el -2,5%, lo que deja un contraste importante entre las estimaciones pre y post cuarentena.
En los primeros 15 días aún no se sabía que el paro duraría tanto, por lo que algunos se mostraron tranquilos, sí se vieron días fueron turbulentos dentro de los supermercados. Los representantes de los gremios de centros comerciales, restaurantes y supermercados apoyaron la decisión del Gobierno de suspender las actividades de concurrencia y llamaron a la calma sobre la disponibilidad de artículos de consumo básico. Para sorpresa de muchos, el 15 de marzo se estableció el cierre de fronteras, siguiendo el ejemplo de Uruguay y ese mismo día los centros comerciales manifestaron que pararían completamente sus actividades.
Con el cierre de las fronteras se volvió a poner en duda la posibilidad de abastecer la demanda interna de tapabocas y geles, artículos que alcanzaron precios inimaginables por un par de días. En ese entonces, los que dependen económicamente del comercio fronterizo ya empezaban a presagiar el daño que el COVID-19 causaría a los negocios de compra-venta, a tal punto de que ayer se tuvo que poner en marcha un plan de reactivación para ir regularizando las actividades.
Desde el panorama global, el 16 de marzo EE.UU. marcaba un hito al reducir su tasa de política monetaria entre 0% y 0,25% luego de 12 años para dar más garantías al mercado, mientras China se hizo eco de que cerca del 95% de las grandes empresas y el 60% de las pymes ya habían reanudado sus actividades, lo que daba cierta sensación de que se podía salir del COVID-19.
El viernes 20 de marzo el presidente Mario Abdo Benítez decidió extender la cuarentena hasta el domingo 12 de abril, con circulación restringida hasta el 28 de marzo, exceptuando para garantizar los rubros esenciales como supermercados, farmacias, transporte público, servicios de salud, entre otros.
Ley de emergencia y reforma del Estado
Estos primeros días sirvieron para que el Ejecutivo prepare lo que sería la Ley de Emergencia Administrativa y Financiera, la cual fue aprobada el 24 de marzo y tenía el objetivo de mitigar el impacto económico y social del COVID-19, basándose en un tope endeudamiento de US$ 1.600 millones, US$ 300 millones para contención social, US$ 100 millones para compensaciones por suspensión de contrato, inyecciones de liquidez para el sistema financiero en pos de apoyar a mipymes y financiar el Estado durante las postergaciones y exoneraciones de impuestos y servicios públicos.
En ese tiempo anunciaron la construcción de dos hospitales con 200 camas mediante un esfuerzo público privado, que terminó inaugurándose antes de cumplir 30 días, que era el tope estipulado.
Y una idea empezó a tomar fuerza: la necesidad de reformar el Estado, teniendo en cuenta que el déficit fiscal podría alcanzar niveles negativos cercanos al 7% del PIB, según el mismo Benigno López. Esa tarea actualmente está siendo liderada principalmente por el vicepresidente Hugo Velázquez, quien reapareció luego de la polémica sobre el acta bilateral de Itaipú con una propuesta basada en modificaciones en el sistema de compras públicas y del servicio civil, que deberá ser tratada próximamente en el Congreso.
A inicios de abril se llegó a la parte más fuente de la cuarentena total, prohibiendo incluso las compras de bebidas alcohólicas por delivery -solo la cadena de abastecimiento de alimentos y medicamentos estuvo activa-, pero dentro de este panorama desalentador las compras online en las últimas semanas de marzo aumentaron su actividad en 200% en supermercados.
Para esa fecha, el 84% de las empresas del rubro comercial de una encuesta realizada por Mentu reportaron que tuvieron al menos un despido, principalmente los pertenecientes al sector industrial y de servicios.
Reapertura inteligente: quién entra y quién queda fuera
La buena gestión sanitaria fue valorada por representantes de la Unión Europea, el periódico New York Times, la OMS y otros. Esto dio confianza a las autoridades para que se avancen con las flexibilizaciones de algunos sectores económicos desde el 4 de mayo, luego de la negativa que tuvo por parte de la ciudadanía y la prensa cuando habilitaron las obras viales en abril por medio de un decreto que se vieron forzados a cambiar.
Con la fase 1 de la cuarentena inteligente el Gobierno estimó que 700.000 personas volverían a trabajar gracias a que las industrias se volvieron a habilitar, junto a una serie de trabajos independientes como las profesiones liberales y el servicio doméstico. Algunas de las polémicas de esta fase se dieron por la prohibición de apertura de salones de belleza -solo se admitía que peluqueros y peinadores vayan a domicilio- y desde la industria autopartista manifestaron que la actividad estaba en cero, con nulo apoyo y un panorama incierto por la creciente cantidad de casos positivos de COVID-19 en Brasil.
Probablemente el punto más tenso entre la ciudadanía, la prensa, la oposición y el Gobierno fue el rechazo de los insumos médicos importados de China por estar en mal estado. A finales de abril el MSP ya había rechazado un cargamento y en mayo repitió el acto, dejando un hueco de US$ 14 millones en materiales que hasta el momento se está buscando como cubrir.
No obstante, la cuarentena inteligente continuó y pasó a la fase 2, cuando las obras civiles en general, deportistas profesionales y comercios en general. En este grupo se incluyó a los centros comerciales, que originalmente estuvieron colocados en la fase 3. De aquí en adelante la disconformidad de los bares y restaurantes iba a marcar la agenda económica del Gobierno, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que estuvieron cerrados y sin respuestas financieras por parte de los bancos afiliados al plan de créditos del Fogapy.
La situación del crédito fue muy criticada por gremios como la Asepy, que comenzó un seguimiento día a día de la aprobación de las solicitudes a bancos que ofrecen financiamiento bajo garantía del Fogapy. Hasta el momento se aprobaron G. 725 mil millones en créditos para 5.866 solicitudes según la web del fondo.
Ya en la fase 3, con polideportivos, gimnasios, restaurantes y bares -estos últimos reinventados como restaurantes-, la agenda económica y política está marcada por la futura reactivación económica, que según el Gobierno se basará en redireccionamientos de saldos disponibles de la ley de emergencia, inversión en la obra pública, subsidios más específicos y mayor austeridad en la función pública. Hasta el momento, lo que se sabe es que de los US$ 1.600 millones que tenemos como tope de endeudamiento dentro de la Ley de Emergencia, US$ 1.205 millones fueron transferidos y casi US$ 800 millones ya ejecutados.
En conclusión, los 100 días de cuarentena parecen cerrar una primera parte de la gestión de la pandemia y ahora el desafío está en la implementación de la reactivación económica, el avance a la fase 4 y hacer todo lo posible para que no alcanzar picos de contagio que obliguen a retroceder a una cuarentena más rígida.