Empuje al desarrollo: AFD impulsará financiamiento para mipymes, viviendas y sectores productivos con G. 2,46 billones

La Cámara de Diputados aprobó ayer el Presupuesto General de la Nación para 2025, destacándose la autorización para que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) emita bonos y contraiga préstamos hasta un límite de G. 2,46 billones. Según las autoridades de la AFD, el objetivo es inyectar liquidez en sectores como micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), planes de vivienda y sectores productivos.

La emisión de bonos y préstamos podrá realizarse a nivel local o internacional, y la AFD establecerá los intereses, plazos y demás condiciones financieras según estudios técnicos internos. En la Sección II, artículo 91 del proyecto de Ley de Presupuesto, se autoriza esta contratación de deuda, aunque aún se espera la decisión de la Cámara de Senadores.

Isaac Godoy, miembro del directorio de la AFD, señaló que la institución puede emitir dos tipos de bonos con diferentes destinos y que, además de deuda, accede a préstamos de bancos multilaterales, aunque estos son más complejos debido a los requisitos de dichas entidades. Según Godoy, los recursos obtenidos se destinarán a créditos para vivienda, empresas agropecuarias, industrias, proyectos forestales, de eficiencia energética y mipymes.

El economista de Mentu, Jorge Garicoche, explicó que la AFD no cuenta con aportantes como otros bancos, por lo que depende de bonos o préstamos para financiarse. La institución está calificada con grado de inversión y busca este financiamiento para generar el circulante necesario en la economía y apoyar infraestructura y producción local. Recientemente, la AFD obtuvo una mejora en su calificación de crédito de 'BB' a 'BB+' con perspectiva estable, otorgada por S&P Global Ratings, respaldada también por Fitch Ratings.

Sin embargo, el permiso de endeudamiento propuesto por el Ejecutivo ha sido criticado por sectores de la oposición, que argumentan que la AFD no debería establecer tasas y plazos sin la aprobación del Congreso, ya que el Poder Legislativo debe evaluar todos los asuntos relacionados con la deuda pública.

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