"Actualmente el movimiento de las unidades se redujo un 50% y en términos de demanda cayó un 80%. Esto nos genera un desequilibrio donde asumimos un margen del 10% de operación, porque al disminuir la producción y tener solamente la mitad de la oferta habitual, seguimos manteniendo los costos fijos y todo esto se traduce finalmente en un déficit de entre 30% a 40%, por cada viaje realizado", indicó.
Esto significa que mientras más se opera, más se agrava la condición financiera de las empresas habilitadas, según Zuccolillo. “Como este es un servicio esencial e indispensable, no es una alternativa dejar de prestar el servicio a pesar de las dificultades”, expresó.
Muchas empresas están sobreendeudadas con sus proveedores, especialmente con los emblemas de combustibles que “representan un 40% de la estructura de costo de la cadena”, señaló.
Alternativas
El directivo reveló que manejan tres alternativas para resolver esta problemática que afecta directamente a los empresarios y a los ciudadanos que utilizan el sistema.
"Una de las primeras opciones es la implementación inmediata del billetaje electrónico en todas las unidades, para transparentar el 100% de los ingresos y con esto evitar un foco de contagio por medio del contacto con el conductor. Además, con la información generada por el sistema, el Gobierno podrá ver qué movimiento tuvo cada unidad y podrá entregar vales de combustibles según la demanda, ayudando así a mitigar el impacto negativo”, explicó.
Otra de las propuestas es que las empresas entreguen parte de su flota al Gobierno y que este se haga cargo de todos los gastos que conlleva y así también reciba todas las ganancias de los viajes, por el tiempo que dure la pandemia.
"Hay varias alternativas, una de ellas es que, nosotros le entreguemos los buses al Viceministerio de Transporte y se defina el porcentaje de la flota a ser entregado, ya sea un 40%, 50% o 60%, para que se garantice un servicio satisfactorio. Con esto, ellos operarán el sistema, pagándole el salario a los conductores, abonando el combustible, y nosotros no cobraremos nada por la operación”, apuntó.
La última alternativa, pero más de largo plazo, sería la nacionalización permanente del transporte público, de manera a que luego de una valoración de los activos de las empresas y las inversiones realizadas en cada una, el sector público realice una expropiación del sector y que todo el sistema funcione como un servicio estatal.
Proyecto de ley
Sobre la iniciativa que pretende habilitar a los minibuses como una opción de transporte público y que cuenta media sanción en el Congreso Nacional, Zuccolillo consideró que “es un despropósito que se analice esta propuesta, considerando la millonaria inversión que se hizo en la renovación de la flota y en la optimización de los servicios en general”.
En los últimos tiempos, el Estado invirtió unos US$ 9 millones en la renovación de la flota y el sector privado desembolsó un promedio de US$ 96 millones, de acuerdo a Zuccolillo.
Entonces si se autoriza la utilización de transportes alternativos como minibuses que no permiten guardar las medidas de distanciamiento social, no cumplen con protocolos de desinfección, son más costosos que el pasaje de un bus diferencial (G. 3.600 por viaje) y no están en óptimas condiciones, se retrocede innecesariamente, aseguró el empresario.
"Con esto se podría facilitar el retorno de las empresas que operan con buses en condiciones deplorables y que venían operando con amparos judiciales y unidades con 20 o más años de uso. Si pensás que el sector formal redujo un 80% de su movimiento y tu solución es habilitar unidades que no están en condiciones para brindar el servicio, no estás dando una solución en términos de movilidad, ni de costos", expuso.
El titular de Cotrapar también lamentó que los representantes del sector no fueron invitados para debatir esta propuesta en el Congreso Nacional, y esperan que Diputados analice detalladamente esta opción antes de tratarla.
"En mi empresa (Línea 12) tenemos la capacidad de transportar 120.000 personas por día, pero actualmente transportamos entre 18.000 y 22.000 personas. Entonces si querés que se aumente esa capacidad en base a la demanda, lleguemos a una fórmula coherente o incluso estoy dispuesto a ceder las unidades sin costo, para que el Gobierno realice el servicio", sostuvo.
Apoyo financiero
“Existen múltiples ejemplos de cómo una inversión gubernamental inteligente es sinónimo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo Zuccolillo.
En el país, el sector recibe una inversión o subsidio de US$ 12 millones, mientras que en países como Chile se invierte US$ 1.500 millones, en Singapur US$ 4.000 millones o en Argentina inyectan más de US$ 1.000 millones en el sector. Incluso en la ciudad de San Pablo se invierte US$ 600 millones solamente en su área municipal, resaltó.
“Cuando ves estas inversiones podés ver cómo estos países o ciudades lograron tener un sistema eficiente”, concluyó.