Según el informe, Paraguay tiene un índice general de 50,7 sobre 100, el 14º de 26 en la región. Resalta que los recientes esfuerzos legislativos dieron como resultado una de las bases regulatorias e institucionales más prometedoras de la región para las APPs, aunque aún surgen brechas en áreas como financiamiento, gestión de riesgos, monitoreo de contratos y evaluación de desempeño, alerta el documento.
El índice Infrascopio es una herramienta de evaluación comparativa que analiza la capacidad de los países para implementar asociaciones público-privadas (APP) sostenibles, eficientes y con impacto en sectores clave de infraestructura, principalmente transporte, energía, agua y saneamiento, gestión de residuos sólidos e infraestructura social.
“Tenemos una oportunidad enorme con la Ley de APP. Nos puede ayudar a desarrollarnos de una forma mucho más rápida. El Estado no tiene la capacidad financiera para solventar los proyectos de infraestructura a gran escala. Estas alianzas generan el desarrollo acelerado, sin que implique deuda para el Estado, pero este tiene que dar un beneficio a largo plazo”, dijo Jorge Bernardes, titular del Club de Ejecutivos.
El informe muestra las fortalezas y desafíos de Paraguay en este terreno, y recomienda fortalecer la capacidad técnica de la agencia nacional de APP y mejorar la experiencia del personal mediante capacitación avanzada en evaluación de proyectos, gestión financiera y análisis de riesgos.
Agrega que la capacidad de la nueva unidad de APP para realizar análisis de proyectos diversos se ha reducido, ya que absorbió funciones de unidades más antiguas fuera del Paraguay se ubica en la región en el puesto 14º entre 26 países calificados en la medición del entorno propicio para las alianzas público-privadas (APP) en América Latina y el Caribe, lo que lo sitúa en la mitad del ranking del índice Infrascopio 2023-2024, publicado por el BID en colaboración con Economist Impact.
Asimismo, sugiere realizar consultas comunitarias y publicar los resultados, y destaca que el país no exige que las futuras APPs realicen consultas con la comunidad. “La integración de las opiniones locales ayudará a mejorar la capacidad de respuesta y la transparencia de los proyectos, lo que incorporará un compromiso más profundo con la sostenibilidad en las asociaciones público-privadas”, afirma.
También alienta a incorporar criterios relacionados con la inclusión social, el género, la creación de empleo o las mipymes en su proceso de selección y desarrollo de proyectos, y concluye que incluir estas consideraciones es importante para mejorar los resultados en materia de equidad social y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Además, afirma que Paraguay carece de una metodología clara para identificar riesgos durante la etapa de preparación de las APPs. Pide garantizar una adecuada distribución de riesgos entre los sectores público y privado y establecer mecanismos como los derechos de intervención de los prestamistas ayudará a abordar los desafíos de desempeño.
Entre las fortalezas del país se consigna que resulta alentador que Paraguay cuente con algunos procesos para monitorear y reportar datos operativos de proyectos. Sin embargo, carece de procedimientos claros y de una organización de supervisión para realizar evaluaciones ex post de proyectos concluidos, lo cual es un paso vital para aplicar las lecciones aprendidas a futuras APPs.
De acuerdo al Gobierno la ubicación en el ranking se explica por las reformas normativas, como la Ley 5102/13, que rige las APPs, y el Decreto 4183 de 2020, que fortalecieron las bases regulatorias, promoviendo la transparencia y asignación de riesgos en este tipo de operaciones.
Bernardes aseguró que las ventajas de la Ley de APP aún no se están aprovechando de manera óptima. “Falta que el gobierno, sobre todo el MEF, comunique mucho más con un enfoque que genere interés, que se hagan charlas, encuentros, presentaciones”, añadió.
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