En las proyecciones económicas fueron confirmados los siguientes indicadores: Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 46.667 millones, crecimiento económico previsto de 3,8% con relación al PIB, inflación de 4%, presión tributaria de 10%, tipo de cambio a G. 7.366 por dólar y un déficit fiscal de 2,6%.
"En general, nos regimos por el dictamen de la Comisión de Presupuesto, aprobamos el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y la adenda, sin aumentos salariales", expresó la diputada y presidente de la comisión de presupuesto, Cristina Villalba. La adenda fue el principal motivo de discusión desde que el gobierno de Santiago Peña formalizó el pedido.
Lo que ocurrió fue que en ese complemento solicitaron ajustes salariales para los congresistas, lo cual se sumaba a los aumentos consignados en el anteproyecto para el presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros del Poder Ejecutivo. El monto total de estos aumentos salariales rondaba los G. 15.000 millones anuales, que finalmente fueron destinados a un listado de reasignaciones.
"Confiamos en que en el Senado se respete el texto que aprobamos. Nosotros respetamos y valoramos todo el trabajo de la Bicameral. Los ajustes hechos son parte de las atribuciones del pleno", complementó la diputada Villalba.
Respecto a los US$ 37 millones que fueron reasignados, destacan los G. 10.000 millones para un fondo de subsidio a personas con discapacidad dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, G. 4.495 millones para la Dirección de Beneficencia (Diben), la transferencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de G. 54.000 millones a gobiernos departamentales para Alimentación Escolar y una asignación importante para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
Entre disposiciones especiales que fueron testeadas del texto original, los diputados optaron por excluir la posibilidad de que las Comisiones de Cuentas y Control de ambas cámaras puedan auditar las rendiciones de gastos presentadas por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). En plenaria, la diputada Rocío Vallejo manifestó que no será posible cumplir con ese rol porque están con un plantel de auditores muy limitado.
Otra disposición testada fue la que prohíbe a funcionarios ganar más que el presidente de la República. En este caso, fue la diputada Rocío Abed quien argumentó que esa medida perjudicaría a diplomáticos que viven en países con condiciones económicas diferentes a las nuestras.
El texto aprobado pasa al Senado para su estudio en una sesión extraordinaria. De aceptar la versión, deberá pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.