A falta de registros oficiales que permitan saber cuántos estudiantes universitarios hay en el país, se estima que la cantidad oscila entre 280.000 y 300.000, repartidos en las 55 universidades que operan en Paraguay. Ocho de ellas son públicas y las 47 restantes, privadas.
La UNA, de acuerdo al Presupuesto General de la Nación PGN, posee alrededor de 50.000, otros 25.000 estudian en las restantes instituciones de estudios terciarios públicas, y una cantidad equivalente en la Universidad Católica, lo que totaliza 100.000 alumnos.
Las demás universidades privadas tienen matriculados entre 180.000 y 200.000 estudiantes. Y cerca de 30.000 universitarios son brasileños, que optaron por seguir carreras afines a medicina en nuestro país (hay 30 opciones), por una cuestión de costos.
Según el último censo tenemos poco más de 6,1 millones de habitantes, por lo que tomando la estimación más baja del número de estudiantes de nivel terciario, el resultado arroja que el 4,6% de la población sigue alguna carrera universitaria.
Un informe de la Unesco Iesalc revela que el acceso a la educación superior –la tasa bruta de matriculación (TBM) en la educación superior mundial- pasó de 19% a 38% en las últimas dos décadas. Los números no nos favorecen, pero ¿qué hay del nivel de formación?
“En el sector privado dicen que deja mucho que desear el nivel que tienen los egresados y que tienen que destinar recursos para seguir formándolos. Además, la productividad es muy baja. Y por supuesto que eso afecta al mercado laboral porque las empresas se nutren de los profesionales que salen de esas casas de estudios”, afirmó Yan Speranza, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
El experto opinó que la irrupción sin ningún control de calidad de las universidades llamadas de garaje afectó también a todas las universidades privadas, las que –indiscriminadamente- fueron puestas en el mismo nivel que las cuestionadas.
“Hay que reconocer que algunas no reúnen requisitos adecuados de calidad y que tenemos un problema con el organismo regulador y el sistema de control de habilitación de carreras, porque los directivos del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), son los mismos de las universidades que tienen que regular”, advirtió Speranza.
También hay inconvenientes con el organismo acreditador, la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), “que se supone es la organización que tiene que asegurar los criterios de calidad de las universidades o de las carreras; pero no hay un sistema de acreditación institucional para evaluar qué tan bien se comporta la institución como tal en términos del aseguramiento de la calidad”.
Speranza agregó que hay un mercado que se expandió de manera acelerada para responder a una demanda de la ciudadanía, de una clase media creciente, de este tipo de servicios. “Se aumentó la cantidad pero no se controló la calidad. Los mecanismos de seguimiento y control están muy debilitados. Con esta expansión descontrolada se está generando un sistema de muy baja calidad”, aseveró.
Esto, aseveró, conspira contra la competitividad del país, que arrastra un serio problema de formación de capital humano avanzado. “Becal trata de generar ese capital humano a partir de las becas pero es insuficiente, son 2.500 profesionales en 10 años”, resaltó.
Asimismo, criticó al sistema académico, cuya función principal es la formación, pero que ha estado ausente en la discusión de los principales temas del país. Recordó que en el área ambiental esta tarea proviene de la sociedad civil, así como en el de la educación también, con iniciativas como Juntos por la Educación, y Paraguay Educa.
También está ausente en el planteamiento de propuestas en términos políticos, de las que se encargan organizaciones como Dende, o Cadep. ¿Qué hacer? “Se podría empezar por cambiar la ley de conformación del Cones porque así no nos sirve mucho. Hoy el MEC está planteando un debate público y poner en consideración este problema”, dijo Speranza. El camino todavía es largo pero por algo se comienza.
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