La titular afirmó que están realizando una serie de fiscalizaciones y que “la gente que trabaja en el sector informal es la más beneficiada gracias a esa medida”.
¿En qué consisten las fiscalizaciones que hace el Ministerio?
En estos tres meses de gestión, tenemos 98 fiscalizaciones realizadas, con multas de más de G. 3.500 millones y las empresas de construcción, de seguridad y de limpieza son las tres áreas en las que recibimos más denuncias. Antes se hacía en promedio anual 140 fiscalizaciones y ahora superamos eso ampliamente.
Aparte de la fiscalización física, ¿qué otras herramientas puede apoyarlos en las gestiones de formalización?
Hace dos semanas lanzamos la inscripción online en el registro obrero patronal, que permite que una persona con solo un clic, desde cualquier lugar del país, pueda presentar los documentos correspondientes. El proceso digital trajo más transparencia porque el escrito se prestaba a muchos casos de corrupción. Por el momento, la inscripción online es opcional y tenemos pocos casos, pero queremos hacerla obligatoria en el futuro.
Esta digitalización fue acompañada de la migración automática de datos al IPS, es decir, al momento en el que nosotros captamos un trabajador fuera del sistema de IPS, les pasamos la información para que lo ingresen al registro de seguridad social. Antes un trabajador podía estar inscripto en el Ministerio, pero no en el IPS porque no había un sistema cruzado, lo que podía dejar a la persona desprotegida por años. Desde el 1 de noviembre entraron al sistema de protección social por primera vez 82 personas gracias al sistema cruzado.
¿Con cuántos fiscalizadores cuentan actualmente?
La Dirección General de Inspección y Fiscalización tiene solo 26 funcionarios para todo el país, obviamente que el número es insuficiente y necesitamos incorporar más fiscalizadores que estén controlando que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores.
Para eso, aparte de incorporar más gente, necesitamos más innovación y tecnología, los países que lograron fiscalizar mejor son aquellos que introdujeron estos elementos. Con el cruzamiento de datos que implementamos ya se hace el 50% de la fiscalización, pero en lo que respecta a la seguridad, salud ocupacional y las medidas que tiene que tomar el empleador para evitar accidentes de trabajo sí se requiere de una fiscalización práctica y material.
¿De qué manera el proyecto de Ley Part time contribuiría a disminuir la informalidad?
La Ley Part Time (empleo de medio tiempo) consiste en pagarle a la persona –que trabaja menos de ocho horas– por el tiempo que efectivamente trabaja de acuerdo al salario mínimo. La ley pondrá en regla a 129 mil jóvenes que actualmente operan de manera informal y no tienen seguro de salud ni jubilación. La modalidad del trabajo ya se está adecuando y tenemos que darle el ropaje legal.
Por ejemplo, para el empleo doméstico es una solución, porque el 96% de este sector opera en la informalidad, con el índice más alto del país. La Ley del Empleo Parcial protege absolutamente todos los derechos laborales, de vacaciones, aguinaldos y permisos. Más de 120 mil trabajadores que hoy están trabajando de manera parcial irregularmente serían beneficiados con esta normativa. Además, dará nuevas oportunidades de trabajo a jóvenes que hoy tienen que elegir entre estudiar o trabajar y optan por lo segundo porque necesitan generar ingresos. También va a ayudar mucho a la diversificación del trabajo porque una persona puede estar en el sector turismo y también en el empleo doméstico.
Creemos que va a ser ley en algún momento porque está en sintonía con lo que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el proyecto tiene el aval del sector empresarial, el Gobierno y la mayoría de las centrales sindicales.
Sobre la inclusión laboral, ¿qué está pendiente desde el Ministerio?
Tenemos pendiente la reglamentación de la Ley que establece beneficios para los empleadores, a los efectos de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado. Estamos trabajando con Hacienda para ver cómo llevarla a la práctica.
Por otro lado, para las personas con discapacidad que quieran emprender hacemos cursos de capacitación de acuerdo a la demanda y los ayudamos en conjunto con organizaciones como la Fundación Saraki.
Las mipymes solicitan más apoyo, ¿cómo es posible ayudarlas?
Desde el Ministerio de Trabajo habilitamos un periodo de condonación de multas a todas las empresas que le debían al Estado, hasta el jueves 22 tuvieron tiempo de ponerse al día sin cargar con las multas generadas. Se presentaron 380 empresas, de ellas, 326 son microempresas (de 1 a 10 trabajadores), entonces, quiere decir que en realidad le estamos dando oxígeno a este sector que necesita formalizarse y que brinda el 70% de los empleos.
También hay que resaltar que con esta medida lo que ocurre es que se incentiva a las empresas a que quieran formalizarse. Pensábamos que iban a acercarse las empresas que querían exonerar sus multas, pero no es esa la tendencia.