El anuncio lo realizó vía X (antes Twitter), donde citó lo siguiente: “Promulgué la Ley 7452, un paso clave para el crecimiento económico del Paraguay. Esta reforma moderniza el régimen de promoción de inversión en infraestructura, alineándolo con estándares internacionales y aprovechando aprendizajes del modelo de alianzas público-privadas. Apostamos por el desarrollo del Paraguay a través del incentivo a las iniciativas privadas, del establecimiento de criterios claros, transparentes y eficientes para la evaluación de ofertas, la asignación de riesgos y el uso de los recursos”.
La nueva ley, iniciativa del Ejecutivo de Peña, plantea que el porcentaje de participación del Estado en proyectos de iniciativa privada podrá ser de hasta el 25% del valor del costo total, cuando en la norma anterior era del 10% del capital inicial de los proyectos.
Otra de las novedades es que el monto acumulado de los pagos firmes y contingentes cuantificables netos de los activos o ingresos fiscales que se puedan generar en los contratos no podrá exceder el 4% del PIB del año anterior, según el texto de la ley.
Al respecto, Isacio Vallejos, miembro de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), señaló que esta ley representa una herramienta adicional para diversificar las formas de financiamiento en proyectos de infraestructura. “Existen diversas formas de financiamiento, como préstamos e ingresos propios, como los de Itaipú. Esta nueva ley agregará otra posibilidad que contribuirá a reducir la brecha en infraestructura que el país enfrenta actualmente", explicó.
Asimismo, señaló que la iniciativa permitirá al sector privado participar con su propio financiamiento, acelerando la ejecución de proyectos. “Da una oportunidad a la inversión privada para que, con su esfuerzo financiero, se avance más rápido en la construcción”, afirmó.
Los principios que guiarán la aplicación de esta ley incluyen: Supervisión estatal, el Estado tendrá competencias para planificar, controlar y supervisar la ejecución de contratos; transparencia, la información sobre los contratos será pública, garantizando rendición de cuentas; rentabilidad social, los proyectos deben responder al interés público y contribuir al bien común; eficiencia económica, se buscará que los contratos generen eficiencia en la gestión de infraestructuras y servicios; competencia e igualdad, la selección de participantes privados se realizará mediante procedimientos transparentes y competitivos.
La promoción de inversiones privadas dinamizará el sector de la construcción, lo que tendrá un impacto significativo en la generación de empleo y el crecimiento económico. “Cualquier iniciativa que acelere el desarrollo de infraestructura también contribuye al crecimiento de los sectores que se benefician de estas mejoras”, indicó Vallejos.
Se refirió a la construcción de rutas como un ejemplo, señalando que no solo generan empleo durante su construcción, sino que también mejoran la competitividad del país. “La falta de caminos, energía o agua encarece la producción y reduce la competitividad. Con esta ley, se podrían superar estas barreras de desarrollo”, comentó.
Otro aspecto de la ley es su potencial para atraer inversores internacionales. “Paraguay generó visibilidad en el mapa financiero mundial. Nuestra calificación crediticia mejoró y eso despierta el interés de inversores que buscan mercados sólidos. Contar con una normativa clara y con referencias positivas en el mercado internacional facilita el ingreso de capitales que podrían potenciar el crecimiento económico”, sostuvo Vallejos.