“La reforma de la Caja Fiscal es urgente y está largamente atrasada. Es fundamental eliminar las desigualdades que hoy existen en materia de privilegios exorbitantes que tienen algunos sectores del funcionariado público respecto al momento en que pueden jubilarse y al porcentaje de sus salarios con los que acceden a esos beneficios, que ya no pueden considerarse beneficios, sino privilegios”, sostuvo el economista Víctor Raúl Benítez.
Uno de los focos inmediatos de la reforma está puesto en los regímenes especiales de retiro anticipado, particularmente en el caso de militares y policías, que actualmente representan el segmento con mayor déficit dentro del sistema previsional. También están en evaluación nuevas condiciones para maestras y legisladores, históricamente beneficiados con criterios diferenciados en edad y cálculo del haber jubilatorio.
En términos generales, la Caja Fiscal cuenta actualmente con 236.911 aportantes, frente a 68.305 jubilados y 12.237 pensionados. Este desbalance, sumado al envejecimiento poblacional, genera una presión insostenible sobre las finanzas públicas. “Hay que volver a una isonomía. Todos deberían jubilarse a la misma edad, conforme a parámetros biológicos: edad, salud, años de servicio. Además, el diseño del sistema tiene que respetar cálculos actuariales que garanticen su sostenibilidad”, subrayó Benítez.
La propuesta de reforma incluye la posibilidad de incrementar el porcentaje de aporte de los funcionarios, lo que permitiría fortalecer los ingresos del sistema. Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Economía también insisten en que, sin una revisión de los criterios de elegibilidad y de los montos de los beneficios, cualquier ajuste será insuficiente.
El economista advirtió que no hay espacio para postergar más la discusión. “Es muy difícil que podamos defender la Ley de Responsabilidad Fiscal si no reformamos la Caja Fiscal. Hoy está golpeando fuerte el déficit, que puede llegar a los US$ 300 millones o US$ 400 millones al año”.
Además del déficit previsional, Benítez señaló que el Estado se enfrenta a otros desafíos fiscales como el aumento de la deuda pública, una elevada evasión tributaria y la mala calidad del gasto. “Seguimos con un modelo en el que muchos funcionarios ingresan por simpatías políticas, no por mérito. Si no abordamos de forma integral el problema de la Caja Fiscal, las finanzas públicas seguirán en deterioro”, concluyó.
El debate legislativo sobre el tema se espera para el segundo semestre del año, aunque desde el Ejecutivo aún no definieron una fecha concreta para la presentación del proyecto de ley.
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