Plan Anticontrabando 2025: tecnología, control estratégico y sanción a financistas como ejes de trabajo

Las autoridades nacionales presentaron el Plan Anticontrabando 2025, basado en tres ejes principales: el uso de tecnología para optimizar las operaciones, la reducción de zonas de difícil acceso para facilitar los controles y la identificación de los financistas para llevarlos ante la Justicia. En 2024, las incautaciones de productos que intentaban ingresar ilegalmente al país superaron los US$ 20 millones.

En una reunión interinstitucional fue presentado el Plan Anticontrabando 2025. El encuentro fue presidido por el director de Ingresos Tributarios, Oscar Orué; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; y el viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de contar con la participación de representantes de otras instituciones estatales.

En conversación con InfoNegocios, Orué detalló que las carteras buscan fortalecer la lucha mediante un trabajo más coordinado entre instituciones. Es por ello que en el encuentro estuvieron presentes diferentes entidades del Estado.

Los ejes de trabajo contemplan el uso de tecnología para optimizar las operaciones, la reducción de zonas de difícil acceso para facilitar los controles —como la ribera, el río, los puertos clandestinos y zonas estratégicas en Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú— y, finalmente, la identificación de los financistas, con el objetivo de que estos también rindan cuentas ante la Justicia.

También se dispuso un cambio total en la Dirección de la Unidad Anticontrabando, nombrando a nuevos jefes y directores. Luis Villalba fue designado como el nuevo director de Anticontrabando y será el encargado de coordinar las acciones con otras entidades. Asimismo, se implementó un proceso de selección de personal, que incluyó pruebas con polígrafo, exámenes psicotécnicos y evaluaciones psicológicas.

“El año pasado representó US$ 20 millones en total la incautación, pero no medimos lo que se dejó de importar o de tratar de meter a contrabando porque el efecto persuasivo también es importante”, dijo el director.

En esa línea, indicó que el impacto del combate al contrabando se refleja en el aumento del 20,6% en la recaudación registrada el año pasado, sumando unos G. 38,9 billones en total. Consideran que gran parte de este incremento se debe a las acciones implementadas para frenar el ingreso ilegal de mercaderías.

El contrabando abarca una amplia variedad de productos, incluyendo carne, pollo, frutas, hortalizas, artículos de uso doméstico, electrodomésticos, entre otros.

Uno de los sectores más afectados es el rubro frutihortícola. Al respecto, Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado Central de Abasto, afirmó que mantuvieron una reunión con las autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para expresar su preocupación ante el ingreso masivo de productos de contrabando, especialmente cebolla y tomate, registrado en los últimos tres meses.

Leguizamón reconoció que el año pasado se vio un avance importante en los controles y en la disminución del ingreso de productos frutihortícolas de manera ilegal. Sin embargo, un problema es la falta de sanciones ejemplares para los responsables del contrabando, ya que, a pesar de los múltiples allanamientos y operativos exitosos, no se han registrado condenas. “La efectividad de las medidas dependerá de la aplicación de penas más severas, de modo que quienes participan en el contrabando enfrenten consecuencias reales, lo que podría disuadir estas prácticas ilícitas”, consideró.

Añadió que el impacto de la entrada de estos productos ha afectado de manera significativa al productor nacional y representa una fortuna en pérdidas.

Cuando la IA lava activos: la investigación de un abogado paraguayo que pone a Europa a debatir quién responde por el delito

(Por NL) El desarrollo de la inteligencia artificial en las películas parecía algo muy futurista; sin embargo, hoy forma parte del debate jurídico internacional. Los sistemas de inteligencia artificial capaces de decidir, aprender y ejecutar maniobras de lavado de dinero sin que una persona intervenga en cada operación obligan a replantear uno de los principios básicos del derecho penal: ¿quién es el responsable cuando el delito lo ejecuta un algoritmo? Esa fue la pregunta que el abogado paraguayo José Fernández Zacur llevó al Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Lavado de Activos, en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde presentó una investigación que despertó el interés de algunos de los principales penalistas de Europa.