Según Liz Grütter, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy) , la Ley busca aliviar las tensiones y dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en sus etapas iniciales, promoviendo su creación, desarrollo y competitividad.
Las mipymes representan el 98% de las unidades económicas del país. Sin embargo, de acuerdo a datos del observatorio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) del año pasado, solo 366.000 de las aproximadamente 900.000 mipymes están formalizadas. Esto deja un espacio significativo de más de 600.000 unidades que aún operan en la informalidad.
A través de la cédula Mipymes, podrán acreditarse como entidad jurídica formalizada a las empresas que se encuentren dentro de tres categorías: microempresa (MIE), pequeña empresa (PE) y mediana empresa (ME). Los límites de cada categoría serán conforme al número de trabajadores y facturación anual. Los números exactos están sujetos a la reglamentación que realizará el MIC. “Actualmente existen solo 13.000 cédulas vigentes, una cifra que se espera incrementar considerablemente”, comentó Grütter.
Por otro lado, Guillermina Coronel de Imlach, presidenta de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), resaltó uno de los puntos más relevantes de la normativa, que es el periodo de gracia de tres años que otorgará el Gobierno.
Durante este tiempo, las empresas podrán formalizarse sin la carga de impuestos ni la obligación de aportar al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que aliviará significativamente los costos operativos iniciales. “Por ejemplo, yo soy una microempresaria de la industria gráfica, hace cinco años estoy en el mercado y tengo dos personas que trabajan conmigo, ellos ganan salario mínimo, pero hoy si quiero contratar a una persona más, tengo la posibilidad de pagar el 80% del salario. Porque el IPS es lo más caro que hay para una microempresa”, aseguró.
“Entonces en esos tres años, esa persona aprende todo y luego puedo contratarla definitivamente, con todos los beneficios como IPS y jubilación”, dijo Coronel.
A pesar de los avances, la presidenta de Asomipymes señaló que el trabajo aún no está terminado. La reglamentación de esta ley será clave y podría extenderse hasta 2026 para que entre en vigor.
Igualmente, Grütter destacó la importancia de la alianza público-privada en la implementación de iniciativas que promuevan el bien común, ya que permitirá un monitoreo más eficiente del tamaño y actividad de las empresas, facilitando su formalización y crecimiento. “La expectativa es que, con un mayor acceso a mercados y beneficios concretos, las mipymes puedan contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social del país” refirió.
Por último, Coronel agregó que esta ley formalizará al 70% de las microempresas que actualmente operan en la informalidad “El futuro del sector dependerá de una implementación efectiva de las medidas propuestas y de un compromiso continuo por parte de los actores públicos y privados”, finalizó.