Si bien en Paraguay la corrupción históricamente ha sido un factor material que incide sobre las actividades del sector público, con poca transparencia e incluso impunidad, hoy es una realidad que se están dando pasos importantes para mejorar la eficiencia de las contrataciones públicas, el acceso a la información, la promoción de la libre competencia, mayor participación de oferentes e inclusión de pequeñas y medianas empresas (mipymes) y proveedores locales.
Los desafíos
Como mencionamos previamente, la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad son males con los que el Paraguay viene luchando desde hace tiempo. Estos flagelos no han sido ajenos al ámbito de las contrataciones públicas, escuchándose de casos de direccionamiento en pliegos de bases y condiciones en beneficio de ciertos oferentes, exclusiones de oferentes con mejores condiciones favoreciendo ofertas menos convenientes, administraciones de contratos en ejecución guiadas por intereses particulares, con aumentos de valores contractuales, o rescisiones políticas, impunidad en casos de incumplimiento y otras cosas, las cuales atentan contra la confianza en las compras del sector público.
Estas dificultades son cuestiones que han sido abordadas recientemente mediante modificaciones normativas que buscan fortalecer las instituciones que participan en los procesos de contrataciones públicas, mediante herramientas tanto para las entidades contratantes, las entidades de control o supervisión y por supuesto, para los oferentes. La nueva Ley 7.021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, vigente desde agosto de 2023, con el dictado del Decreto 9.823/23, que la reglamentó, pretende así elevar los estándares de transparencia para prevenir la corrupción a lo largo de todo el proceso de contratación pública.
Un aspecto en particular que socava la eficiencia de los contratos públicos en Paraguay tiene que ver con la administración de los contratos. En ocasiones las mismas instituciones contratantes son las que incumplen los lineamientos legales y toman decisiones que terminan perjudicando el avance de la obra o servicio contratado y para peor, motivando reclamos de los proveedores afectados contra el Estado por los daños y perjuicios que estas decisiones generan.
Las oportunidades
Por un lado, en la Ley 7.021/22 y su reglamentación, el énfasis en la transparencia y acceso a la información pública, desde los llamados hasta las ejecuciones contractuales, permiten la participación y monitoreo de la sociedad civil, la cual debe actuar como contralor y contrapeso de todas las partes formalmente involucradas en los procedimientos de contratación, de tal forma que ese escrutinio público permita velar por el cumplimiento de las reglas previstas y que los infractores sean sancionados, y así con ello disuadir a los corruptos y estimular la competencia y participación de mayores oferentes en beneficio del Estado.
Por otro lado, la capacitación técnica de los servidores públicos en la normativa y operativa sobre contratos públicos, así como las implicancias que el incumplimiento por parte del Estado de los contratos que una misma institución ha suscripto trae consigo, permitirán, junto con el control de los órganos competentes y el monitoreo ciudadano, elevar la calidad de la gestión y administración de los diversos contratos, de tal modo que estos se ejecuten a satisfacción.
Los resultados
Así, con la Ley 7.021/22 y su reglamentación, los esfuerzos para abordar los problemas mencionados, mediante reformas en lo que hace a la transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública, están en marcha. No obstante ello, seguir evolucionando en estos procesos requiere un compromiso sostenido tanto desde las instituciones gubernamentales como de la ciudadanía, para crear un entorno de contratación más equitativo, transparente y eficiente.