¿Qué es el derecho administrativo y cómo nos afecta?
Para la mayoría de las personas que se desenvuelven fuera del ámbito jurídico, la frase “derecho administrativo” pasa desapercibida o no saben qué significa. El derecho administrativo es la rama del derecho que regula la organización y funcionamiento de la administración pública del Estado, así como la relación de ésta y sus funcionarios con los particulares.
Todo relacionamiento de los individuos y las empresas con las distintas instituciones que de alguna conforman la administración pública se enmarca dentro del derecho administrativo, por lo que cada sumario, multa, licitación, solicitud de información o de permisos, habilitaciones comerciales, pagos o exoneraciones de impuestos y cuanto trámite pueda una persona realizar ante una institución pública, es un acto jurídico administrativo regulado por alguna norma. Es decir, en mayor o menor medida, por una ley, decreto o resolución.
Entonces, las situaciones arriba mencionadas no ocurren en el vacío, sino que se rigen por distintas normas que establecen los principios generales en los que se desenvuelve la relación entre Estado y particular, las obligaciones de cada parte, los plazos a los que están sometidas, las consecuencias del incumplimiento a la norma aplicable y las vías que tiene el particular para objetar la falta de pronunciamiento o en su caso, como y a donde recurrir ante un pronunciamiento por parte de la entidad pública que la persona considere que atenta contra sus derechos.
La principal fuente en donde se encuentran los lineamientos referidos es la Constitución Nacional, seguida por las leyes de creación y funcionamiento de las distintas instituciones públicas, también llamadas cartas orgánicas, la ley orgánica municipal, la ley de procedimientos administrativos, leyes especiales, decretos reglamentarios, resoluciones dictadas por los distintos entes, ordenanzas municipales y otros.
El problema más común. Las Sanciones
La vida cotidiana y el derecho administrativo se entrelazan constantemente, pero el problema más común, que engloba distintos aspectos y procesos, se da cuando una entidad aplica una sanción a una persona o empresa.
Las sanciones que los entes públicos pueden imponer a personas o empresas pueden ser de distinto tipo, como: apercibimientos, amonestaciones, inhabilitaciones, revocaciones de permisos, decomisos y multas, pero todas estas tienen elementos comunes sumamente importantes.
Para que exista una sanción, en primer lugar, tiene que violarse una norma previamente establecida por acción u omisión. Luego, la infracción debe tener prevista una o varias posibles sanciones, las cuales, a su vez, no pueden ser aplicadas de manera estrictamente unilateral, sino que deben ser consecuencia de un procedimiento que conceda intervención y derecho a la defensa al afectado, usualmente en el marco de un “sumario administrativo”.
Así, los sumarios administrativos que pueden terminar en sanciones deben señalar concretamente el o los hechos atribuidos al presunto infractor y permitir en todo momento el acceso del afectado o su abogado al expediente o los antecedentes del sumario, garantizando que se pueda ejercer la defensa de los intereses del particular. Los sumarios también cuentan con plazos topes para concluir, de tal modo a instar a la institución a que se expida con celeridad e igualmente evitar un sometimiento del administrado a procesos innecesariamente largos.
¿Cómo y dónde reclamar si me sancionan?
Cuando la administración aplica una sanción o dicta una resolución contraria a la pretensión de un particular, como primera medida éste puede y debe recurrir al mismo ente solicitando su revisión mediante un recurso de reconsideración, o ante su superior, mediante un recurso de apelación, dependiendo del marco legal aplicable al caso concreto. De rechazarse lo solicitado, puede plantearse una demanda o acción “contencioso administrativa”, ante el Tribunal de cuentas del Poder Judicial, buscando que revierta la sanción impuesta por el ente administrativo. En próximos artículos ahondaremos sobre el procedimiento contencioso administrativo, con sus distintos requisitos y matices.