Preocupación es lo que generó en el seno del sector empresarial y en el Poder Ejecutivo las iniciativas parlamentarias presentadas para ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente e, incluso, para incorporarlas en el proyecto para el 2023.
“Estas iniciativas afectan tanto a los ingresos como al gasto público, principalmente a los gastos rígidos y alcanzan un monto cercano a los US$ 1.800 millones, más otros pedidos de ampliación del PGN 2023 que ya suman alrededor de US$ 350 millones. En total las ampliaciones ascienden a alrededor del 4,8% del PIB, absolutamente infinanciables y que generan un alto riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas a corto plazo”, aseveró César Barreto, exministro de Hacienda y miembro del consejo directivo de Desarrollo en Democracia (Dende).
Para el titular de la Asociación Rural del Paraguay, (ARP), Pedro Galli, las ampliaciones pueden afectar al grado de inversión pues una de las ventajas del país -que motivó una calificación favorable de parte de Moody’s- es nuestra estabilidad fiscal.
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“Estamos teniendo disciplina fiscal, con gastos calzados a los ingresos del fisco, y estas iniciativas parlamentarias pueden ponerla en peligro. Hoy estamos en una posición favorable con la calificación país que tenemos y la posibilidad de llegar al grado de inversión en los próximos años, lo que generaría importantísimas inversiones que originarían una cantidad de fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos para combatir a la pobreza”, advirtió Galli.
El economista Carlos Fernández Valdovinos afirmó que gastar por encima de las posibilidades del fisco puede conducir a problemas presupuestarios que impliquen el recorte de rubros; y el primero de ellos suele ser el de las inversiones.
“Y cuando no es posible ni siquiera cortar las inversiones lo que ocurre es un atraso en una buena cantidad de otro tipo de gastos, como los corrientes, pudiendo llegar al extremo, como pasó antes del 2003, de atrasos en el pago de salarios y pensiones. Esto afecta de manera directa e indirecta a una gran proporción de personas. Vamos a tener un retroceso de 20 años si miramos el proceso macroeconómico”, añadió.
Adiós convergencia
La mala experiencia llevó a la promulgación de la Ley Nº 5.098 de Responsabilidad Fiscal del 2013, en el que se establece que el déficit fiscal no debe ser superior al 1,5% del PIB. Hoy corre peligro la convergencia fiscal que apunta a llegar en el 2024 al porcentaje citado.
“Estamos en el proceso de convergencia fiscal. Habíamos llegado al 6,1% del PIB en el 2020 y debería ir convergiendo al 1,5% el límite máximo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Si bien el primer año se llegó a la meta, poco más del 4%, este año debería estar en 3% como máximo, pero estamos viendo que ya desde junio del año pasado se estabilizó en 3,5%, y los datos del último del viernes muestran que es del 3,4%”, señaló Fernández Valdovinos.
El también economista Jorge Vergara afirmó que todo dinero sin respaldo “es producido por la maquinita”, muchas veces con fines electoralistas, y que en el estado actual de las finanzas oficiales una ampliación es inviable, sobre todo pensando en la convergencia fiscal.
El sector privado y el Gobierno acordaron conformar un equipo reducido de analistas, encabezado por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, para analizar estrategias, entre ellas, mantener conversaciones con los referentes del Poder Legislativo.
“Esperamos mayor racionalidad del Congreso por un lado y, dado que es una ley, esperamos también racionalidad del Ejecutivo, que debería vetar cada uno de estos aumentos. Cuando la solvencia macroeconómica está en peligro, hay que usar el poder del veto”, sentenció Fernández Valdovinos.