De acuerdo a Caje, la asociación se encuentra trabajando de cerca con la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, con el fin de coordinar estrategias para la aplicación de la Ley de etiquetado que se aplica en productos a nivel Mercosur, y respecto a las diferentes situaciones que están viviendo las empresas en cuanto a mantenimiento de la nómina de funcionarios y acceso al crédito.
“La ley de etiquetado existe hace tiempo y exige que cada producto tenga una etiqueta que muestre quien es el fabricante, y que contenga datos sobre la composición del mismo, sean estas prendas de vestir o calzados. Entre las empresas medianas y grandes se tiene cerca de 200.000 artículos, entonces aplicar esta ley significará hacer considerables inversiones en maquinarias y en materias primas”, manifestó el directivo.
Según Caje cada etiqueta cuesta en promedio G.150 a G. 200, de modo que en volumen costarán una suma importante, independientemente a las inversiones en maquinarias o en la contratación de funcionarios.
Por otra parte, el representante de Asimcopar mencionó que las ventas subieron hasta un 50% en las grandes empresas y que es probable que los números se mantengan durante los próximos meses debido a la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía. “Para reactivar el consumo las empresas están reduciendo sus márgenes de ganancias y apostando a las promociones para generar atractivos”, expresó.
“Estamos tratando de que el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) incluya también a las grandes empresas, y ahora el Banco Nacional de Fomento está próximo a lanzar un producto que se adapta a la situación con montos de hasta G. 5.000 millones a una tasa de 7% y un plazo de hasta 120 meses y 12 meses de gracia. Este producto es como un oxígeno para las empresas y buscamos que las mismas condiciones se obtengan en otras entidades financieras”, añadió Caje.
En Asimcopar buscan que estos créditos flexibles se mantengan, considerando que una recuperación plena se daría en un promedio de tres a cinco años teniendo en cuenta las proyecciones económicas. Al finalizar, el empresario indicó que también están trabajando con las autoridades para la implementación del seguro de desempleo, a modo de que los trabajadores cesados tengan una ayuda económica parcial y puedan buscar empleo más tranquilos.
“Queremos que una parte del aporte obrero patronal se destine a este seguro, para que durante seis meses el empleado destituido pueda acceder a un ingreso y pueda utilizar los servicios de salud”, concluyó.
