La coalición #PorLosBosques, que aglutina a una cuarentena de asociaciones, en su mayoría entidades ambientales, sociales y de salud, pidió enfocar la atención de los gobiernos en el fortalecimiento de la gestión de riesgos en áreas protegidas, lo que exige una gestión de brigadas de bomberos forestales y unidades de soporte multidisciplinario, con prácticas en sistemas de respuesta ante desastres.
Además, solicitó al Gobierno prohibir la transformación definitiva de las áreas afectadas por los incendios y actuar para la recuperación de estas zonas para retornar los servicios que prestan a la salud, a la producción y a las comunidades.
También reclamó coordinar la instalación de una Mesa de gestión de contingencia de incendios y desastres nacional y que promueva, a nivel de municipios y gobernaciones, campañas de concienciación y prevención sobre incendios forestales, involucrando a la sociedad civil y al sector privado para difundir información y mensajes sobre esta responsabilidad conjunta y ante la magnitud de estos percances.
Peligros
“Si no se declara la situación de emergencia para llevar a cabo acciones urgentes, las medidas de nuestro país, para adaptación al cambio climático, aumentarán significativamente en costos y con situaciones que podrían ser irreversibles”, advirtió Óscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas Públicas de WWF Paraguay.
La coalición sostiene que se debe reconocer a los ecosistemas y ecorregiones del Paraguay como áreas prioritarias para la conservación del Gobierno y actuar en consecuencia con la creación de políticas nacionales sostenibles. “Los recursos naturales proveen derechos humanos básicos inalienables, como el acceso al agua y el alimento. Estos incendios afectan toda la dinámica de la generación de estos recursos”, afirmó.
Otro requerimiento es que, en función al reconocimiento de ecosistemas y ecorregiones como áreas prioritarias para la conservación, se promuevan políticas sostenibles necesarias en la Reserva de la Biosfera Chaco Paraguay, categoría asignada por el Programa MaB de la Unesco en el 2005.
“Si bien su Comité de Gestión ha sido nuevamente reactivado por impulso del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a la fecha no se ha podido aún avanzar en la implementación de su plan de acción”, aseguró.
Asimismo, el grupo urge coordinar acciones transfronterizas en ecorregiones compartidas y acciones decididas basadas en la experiencia de 2019 y 2020, y asegurar la protección y atención de necesidades a las comunidades indígenas, rurales y urbanas que se han visto afectadas por los incendios y que se encuentran en zonas de riesgo.
En otro párrafo solicita identificar y dar el mayor nivel de protección a los bosques que prestan servicios ambientales de cortafuegos, e iniciar, cuanto antes, el proceso de restauración de las áreas afectadas por los incendios, al tiempo de indicar que esto debe ir acompañado de un proceso de recomposición de los territorios ancestrales afectados, así como un plan de prevención que minimice los riesgos en el futuro.
Por último, pide fortalecer las alianzas público-privadas “que permitan escalar los esfuerzos de prevención, respuesta y recuperación ante desastres de estas magnitudes, pues en la labor de conservar los recursos naturales comunes debemos estar todos juntos”.
Según los estudios científicos, se estima que la temporada alta de incendios sería hasta octubre, y se espera una respuesta de forma urgente. “Ese es el tiempo en que se espera poder tener una respuesta, dentro de este periodo de alta incidencia. Si el Gobierno no respondiera al pedido, la coalición seguirá trabajando tanto con autoridades públicas y todos los sectores de la sociedad para combatir los incendios”, concluyó Rodas.