El tratado va en sintonía con lo resuelto en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de setiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En líneas generales, busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
¿De dónde vienen las posturas divididas? Más de 20 gremios y asociaciones del sector privado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería manifestaron su oposición al Acuerdo de Escazú, por considerar que no se sustenta en fundamentos científicos. “Felicitamos y apoyamos la postura técnica, firme y contundente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al rechazo de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo entre otras intenciones, atenta contra la Soberanía Nacional de nuestro país, utilizando argumentos en base a supuestos y no a fundamentos científicos, como lo dictan las normas de la OMC y otros organismos multilaterales”, rezaba un comunicado intergremial.
¿Qué dice el acuerdo?
Según el resumen del Acuerdo de Escazú, elaborado por la Cepal, los Estados Parte estarán obligados a proveer información ambiental a cualquier persona, física o jurídica, asociaciones, organizaciones nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional. En el Artículo N°2, se define como información ambiental a “las informaciones relacionadas con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambiental”.
“El Acuerdo de Escazú abarca más cosas, pero el foco del acuerdo es la convergencia entre medioambiente y derechos humanos. No es algo revolucionario, pero sustenta mejor la relación entre el ambiente y los DDHH en comparación a nuestro marco jurídico actual”, opinó el ingeniero agrónomo y activista Luis Recalde. Para el activista –conocido por su nickname @Drunken_Forest, lo fundamental de Escazú para Paraguay tiene que ver con el acceso a la información y no tanto con la justicia, porque particularmente considera que “no existen tantas disputas violentas sobre la tierra, como en otros países de la región”.
Cabe mencionar, que son 23 los Estados Parte del Acuerdo de Escazú y hasta el momento 10 fueron los que lo ratificaron, siendo Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay los sudamericanos. En el caso de Paraguay, el MAG envió al Ministerio de Relación Exteriores y al Congreso una explicación de su negativa a la ratificación del tratado.
“Este acuerdo es similar a otros de diferente índole como el de Gafilat, en el que Paraguay también es plausible de sanciones si no cumple con las recomendaciones para la prevención de lavado de dinero y activos”, argumentó Recalde.
Comercialmente, a la larga es mejor
En cuanto a los beneficios y perjuicios que podría tener el Acuerdo de Escazú en la economía, Recalde sostuvo que, a largo plazo, adherirse al acuerdo es favorable a lo que el mercado internacional hoy demanda en los productos primarios. “Muchas empresas ven como una ventaja torcer las leyes ambientales y probablemente lo sea a corto plazo. No obstante, basta con ver el rechazo en algunos países de Europa del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por la gestión ambiental de Brasil”, recordó.
Asimismo, agregó que “Escazú no se opone al modelo productivo que existe en nuestro país, sino a un grupo particular de productores que no mejoran sus prácticas ambientales”.
¿Principio precautorio o pérdida de la autonomía?
En el Artículo N°3 del acuerdo se nombra al principio precautorio y de soberanía, que son otros de los puntos principales de resistencia por parte del Ejecutivo y algunos gremios del sector privado. “Nos preocupan las normativas agrícolas porque no están basadas en la ciencia y siempre estuvimos sujetos a fundamentos técnicos, tanto en las normativas sanitarias como en las comerciales. El principio precautorio da pie a realizar denuncias basadas en supuestos, restringir el acceso a tecnología y acuerdo comerciales”, subrayó el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni.
Por otra parte, Bertoni enfatizó la preocupación del MAG sobre los ordenamientos que establece Escazú, que ponen normativas por encima del marco jurídico que posee Paraguay. “Nosotros creemos que ya contamos con leyes suficientes que balancean el desarrollo y el medioambiente. Esto preocupa a todos los sectores productivos y por eso solicitamos al MRE la no ratificación”, afirmó.
Sobre el tema, el doctor en Derecho y especialista en derecho internacional, Diego Moreno Rodríguez, expuso que el principio precautorio nace en la Conferencia de las Naciones Unidas del Grupo de Río y forma parte del derecho internacional ambiental. “El principio precautorio busca hacer un balance entre el impacto ambiental de una actividad y la utilización racional de los recursos naturales”, aclaró.
Según el Principio N°5 de la Declaración de Río, a fin de proteger el ambiente, “los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medioambiente”, dice el texto. “No son reglas, son principios, el margen es más amplio para evaluar si hay o no peligro de daño irreversible, como el costo beneficio en materia ambiental y productiva y la certeza científica absoluta”, complementó Moreno.
Como ejemplo, Moreno Rodríguez dijo que una persona no puede denunciar por denunciar una práctica, ya que el principio precautorio requiere de un procedimiento interno. “No tenemos una certeza absoluta sobre lo que está pasando con el cambio climático, pero eso no significa que no implementaremos medidas para mitigar los impactos del calentamiento global, lo cual no consiste esencialmente en clausurar empresas”, finalizó.