“No se bajó a tierra aún las normativas implementadas. Todavía no tenemos sumarios, más que la que ejecutó el Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento, pero tampoco registramos sanciones”, manifestó Silva. La delegación de la organización internacional llegó ayer al Instituto del BCP, donde analizarán los documentos y entrevistarán a las autoridades en el marco del examen.
En el acto de presentación estuvieron presentes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el presidente del BCP, José Cantero y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.
Para Silva, el país que debemos tener como ejemplo para el abordaje de nuestro sistema de control y prevención de lavado es Uruguay, que a pesar de contar con mejores condiciones que Paraguay, sigue aplicando medidas con seriedad. “Nosotros como empresa habíamos recomendado a las autoridades usar el modelo de Uruguay para el control del ejercicio de abogados. En lo que respecta a reportes, Paraguay posee una cantidad muy baja de registros”, señaló Silva.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay, entidad similar a la Senad de Paraguay, manifestó que la baja de los reportes de operaciones sospechosas sería un aspecto que llamaría la atención a Gafilat. Esto, a pesar de que el país hermano haya aprobado una serie de leyes que buscan fortalecer los controles y prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. “En el caso paraguayo, las empresas no tienen la cultura de reportar actividades sospechosas y la Seprelad tampoco controla”, enmarcó Silva.
Además, el abogado consideró que en Paraguay se hizo un “copy-paste” de regulaciones y se implementaron de forma desordenada, aparte de forzar a las empresas a adecuarse a normativas que requieren de personal técnico que no poseen. Entretanto, Silva puntualizó que en la evaluación in situ, lo que ocurre es una medición de la funcionalidad del sistema y aunque casos como el de los González Daher o los decomisos de bienes utilizados para el lavado sumen, no serán definitivos para el resultado final.
“Tenemos casos aislados que servirán, pero tampoco es que se logró sancionar casos de lavado en inmuebles, que es un problema real y constante”, remató Silva.
Uruguay es el ejemplo
Por último, el abogado alentó a que las autoridades paraguayas miren más la realidad como lo hacen las autoridades de Uruguay, quienes se prepararon de forma seria para el examen de Gafilat y contrataron asesores de calidad para establecer las medidas de adecuación.