Desde su posición al frente de CICA, una entidad que agrupa a constructores a nivel global, impulsó agendas prioritarias como el aumento de la representatividad de la confederación, la búsqueda de soluciones para lograr viviendas más asequibles para una población urbana en crecimiento y la promoción de una competencia en igualdad de condiciones para los privados. Estas iniciativas globales sientan las bases para las recomendaciones específicas dirigidas a Paraguay.
Para el contexto paraguayo y regional, Vicuña enfatizó que la experiencia internacional demuestra que la única respuesta viable para reactivar la economía y cerrar brechas de infraestructura es una mirada integral con el Estado jugando un papel clave. Señaló que, ante la limitación de recursos públicos, las naciones desarrolladas han optado por un mix de mecanismos que incluyen modelos de asociación público-privada, viviendas concesionadas, cooperativas y sistemas de arriendo, lo que permite atender a los diferentes grupos de la población de manera más eficiente.
Uno de los ejes centrales de sus recomendaciones es la urgencia de mejorar el clima de inversión mediante la generación de certeza jurídica. Vicuña fue claro al afirmar que la industria lleva años enfrentándose a problemas estructurales, donde la “permisología” excesiva y la falta de seguridad jurídica entrampan el desarrollo de proyectos. Para destrabar esta situación, propone implementar sistemas de permisos que equilibren de manera inteligente el desarrollo y la sostenibilidad medioambiental, una lección aprendida de su trabajo con organismos multilaterales.
En el corto plazo, el presidente de CICA sugirió explorar instrumentos financieros innovadores. Mencionó la posibilidad de implementar garantías estatales para facilitar el financiamiento internacional de proyectos, así como actualizar los criterios de adjudicación para que valoren los aspectos técnicos tanto como el precio. Además, recalcó la importancia de una ley de taxonomías que fomente el financiamiento verde, ofreciendo mejores condiciones para aquellos proyectos que cuenten con certificaciones medioambientales y de resiliencia.
La planificación de largo plazo fue otro pilar de sus sugerencias. Vicuña subrayó la necesidad de que el país cuente con una visión de futuro que trascienda los ciclos políticos, un punto que fue clave en las experiencias exitosas a nivel internacional. Esto implica crear una agencia que planifique la infraestructura pública con una perspectiva estratégica y que vele por su efectiva ejecución, asegurando que los proyectos no se retrasen por cambios administrativos.
Vicuña también se refirió al potencial de Paraguay en el contexto de la transición energética, un área que puede actuar como un poderoso sector tractor para el resto de la economía. La disponibilidad de energía con costos competitivos, estabilidad y predictibilidad fortalece la modernización tecnológica de los procesos productivos, reduce los costos operativos y atrae inversiones. Para ello, es crucial modernizar la red eléctrica e impulsar una regulación transparente que asegure una reducción sostenida de las tarifas en el tiempo.
Finalmente, Vicuña hizo un llamado a modernizar los sistemas de contratación de obras públicas, creando un reglamento único que incorpore las mejores prácticas internacionales. Esto incluye la utilización de contratos colaborativos y mecanismos de resolución temprana de controversias, lo cual agiliza la ejecución y reduce los conflictos. Potenciar y ampliar el sistema de concesiones, transitando hacia estándares de servicios mediante contratos flexibles, es otra medida concreta para dinamizar la inversión.