La mayoría de estas inversiones son canalizadas en prospección y la exploración, pero también se gasta en el mantenimiento de los proyectos. El presidente de la Capami, Víctor Fernández, mencionó que hasta el momento el sector ya superó 20 proyectos y estiman que en la "nueva normalidad" superarán los 30.
Por otro lado, el presidente de Capami aseguró que solamente en concepto de canon minero -un tributo que pagan estas empresas- aportaron más de US$ 7 millones entre el 2015 y el 2018. "Durante la crisis sanitaria nuestras empresas están reduciendo costos, pero tengo entendido que hasta el momento no hay un solo técnico despedido. Probablemente vamos a tener que reducir las horas de trabajo del personal administrativo o negociar nuevos contratos para adecuarnos a la nueva normalidad", expresó Fernández.
Con el objetivo de que las inversiones mineras no abandonen el país, Fernández mencionó que están trabajando con la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley denominado Ley de Emergencia Minera, que posee tres ejes sobre los cuales se pretende realizar modificaciones temporales de forma sobre la Ley 4269/2011 -modificatoria de la Ley 3180/2007- para permitir el pago fraccionado de canon minero (US$ 2,5/ha.) hasta 12 meses, exonerar temporalmente el cumplimiento de compromisos de inversión mientras subsistan los efectos de financieros de esta crisis y permitir que las empresas reciban una respuesta inmediata a las solicitudes de suspensión de plazos por motivos de fuerza mayor como la pandemia.
Al consultar al titular de Capami si el tipo de minería realizada en Paraguay cumple con los requerimientos de cuidado ambiental, respondió que la minería actual “ya no es la arcaica y contaminante que conocíamos décadas atrás. En la actualidad la minería es la actividad económica que más incorporó normas de seguridad ambiental para la producción sostenible y ambientalmente amigable. La Capami tiene muy claro que la producción mineral debe regirse por las buenas prácticas ambientales y por sobre todo ceñirse a las leyes ambientales de nuestro país", sostuvo.
Fernández complementó que por una política interna de preservación ambiental decidieron no incluir más proyectos ubicados en la zona de Paso Yobái hasta que esas unidades mineras puedan dar prueba fehaciente de que están utilizando métodos ambientalmente adecuados. "La Capami está en contra de la utilización de mercurio para la extracción de oro por ser una metodología perimida, sumamente nociva para el ambiente por lo tanto debe ser erradicada del país", apuntó Fernández.
Solicitan derogar el decreto N°8699/2018
"El Decreto Nº 8699/18 es inconstitucional porque en vez de reglar a la ley minera, la modifica. La Capami está convencida de que esa reglamentación conducirá inevitablemente a la salida de inversiones que llegaron en 2007 con la creación de la Ley 3180 De Minería", manifestó Fernández. El Decreto N° 8699/18 es el que reglamenta la Ley N° 3180/07 y fue promulgada luego de 10 años de que la ley haya sido aprobada.