Para la economista de Mentu, Martha Coronel, la medida podría ser viable porque los agentes económicos sentirán el impacto del coronavirus y la postergación del pago de impuestos está siendo una medida bastante implementada en otros países que también desean mitigar los golpes del COVID-19. “El peligro es que los recursos obtenidos por deuda se incorporen a nuestro presupuesto y terminen siendo destinados a gastos corrientes. Sea cual sea la medida, siempre será insuficiente porque el sector informal no sería beneficiado ya que comúnmente no pagan impuestos” , apuntó Coronel.
Asimismo, Coronel recordó que Paraguay tiene margen de endeudamiento, pero anteriormente el cuestionamiento a apostar a recibir créditos se fundaba en la capacidad de pago al largo plazo, motivo por el cual se había impulsado la reforma tributaria. “En el hipotético caso de que logremos contener el coronavirus, me parece que se tendrá que hacer algunas excepciones en lo que respecta al ámbito tributario, sin embargo, es muy pronto para sacar conclusiones”, acotó la economista.
Por su parte, el analista económico, Guillermo Cabral aclaró que la postergación del pago de impuestos no es una renuncia al cobro, es una moratoria que consiste por ejemplo en que los agentes de retención usen el IVA que paga el consumidor para continuar operando y cuando se normalice la situación rindan el impuesto al Estado. “Es como un préstamo gigante a los agentes de retención, si el Estado se endeuda por US$ 1.000 millones luego va a cobrar los impuestos y lo único que deberá pagar a los acreedores son los intereses. Igual la situación es preocupante porque el sector informal es el más vulnerable y no están trabajando”, apuntó.
Para Cabral, lo interesante sería que se suspenda el pago de servicios de electricidad y agua porque es la mejor forma de llegar a todo el país.
En cuanto a la capacidad de endeudarse que tiene Paraguay, Cabral manifestó que posee margen para pedir préstamos e incluso acceder a intereses bajos. “La última emisión de bonos internacionales que hicimos a nivel local tuvo intereses más bajos, sumándole el margen que poseemos frente a los organismos multilaterales. Si el Gobierno quiere US$ 1.000 millones o US$ 1.500 millones tranquilamente lo va a conseguir”, finalizó.
