“Capaz seamos los únicos empresarios que no pueden utilizar sus bienes como garantía para acceder a créditos, entonces eso nos limita mucho. La ley, en su artículo 57, nos impide mejorar el servicio, cosa que venimos haciendo con capital privado desde los años 80 porque el Estado está ausente”, afirmó Pablo Candia, presidente de la CAPA. El titular mencionó que muchas empresas iniciaron perforando un pozo para el uso familiar, después los vecinos veían el trabajo y lo pedían, por lo que nació el negocio, pero ahora es mucho más difícil.
El artículo 57 de la Ley N° 1.614 considera bienes afectados al servicio público a todos aquellos indispensables para la prestación del servicio de provisión de agua potable, es decir las redes e instalaciones necesarias en lugares de dominio público municipal o estatal, los inmuebles donde se encuentren las principales instalaciones necesarias para la prestación del servicio, muebles, vehículos y herramientas destinadas a la prestación y cuyo reemplazo no pudiera hacerse sin afectar la prestación.
La ley categoriza a este tipo de bienes de uso público, sin importar quién los hubiera construido, instalado o adquirido, y consecuentemente, también son inembargables, imprescriptibles e inajenables.
Según Candia, el argumento utilizado para mantener esta legislación se sostenía en que es el Estado que se debe encargar de brindar servicios a la ciudadanía, sin embargo, reclamó que son los aguateros privados los que se hacen cargo de la inversión y el Estado literalmente confisca sus propiedades, ya sean plantas de bombeo, herramientas y/o maquinarias.
“En reuniones con el director jurídico de la ESSAP, que es el ente que nos regula a todos los aguateros privados, le dije que tenemos ganas de adecuarnos al marco regulatorio, pero para eso necesitamos invertir. De San Lorenzo salieron 35 aguateras que no estaban pudiendo trabajar por la falta de inversión, por eso peleamos para cambiar el artículo 57 y mejorar el servicio que brindamos”, expresó el presidente de la CAPA.
Requisitos
Los inversores privados, es decir, empresas aguateras, deben cumplir los siguientes requisitos para operar: presentar la constitución de la sociedad, el acta del directorio, un poder especial o general de representación de firma en caso que no esté especificado en la constitución o en el Acta, croquis, fotocopia de cédula de identidad del titular o representante, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y permiso del Ministerio del Ambiente, y el listado de las cuentas corrientes catastrales de las casas a ser beneficiadas.
Inversiones
Candia comunicó que las inversiones que las empresas aguateras desean hacer consisten en: la perforación de pozos para adquirir más caudal de agua, renovación de materiales, adquisición de tanques elevados para tener un plan de emergencia si es que hay corte de energía, adquisición de generadores, etc.
ESSAP
En declaraciones hechas a medios de prensa, Natalicio Chase, presidente de la ESSAP, había dicho a inicios de este mes que la institución solamente opera a un 2% y la idea es llegar al 2030 con la cobertura total del alcantarillado sanitario y al menos una cobertura parcial de tratamiento de agua. Para lograr esto, el titular reveló que aproximadamente se necesitaría una inversión de US$ 6 mil millones.
En el estudio Gasto y Gestión: Agua y Saneamiento, Bienestar y Servicio Público de Investigación para el Desarrollo señalan que ESSAP tiene presencia actualmente en las zonas más urbanas y solventes, mientras que en las zonas rurales y urbanas periféricas predomina el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y a estas gestiones se suman los aguateros que se encargan de cubrir las carencias de SENASA y de ESSAP, pero sin un monitoreo como para garantizar la calidad del agua.
Las principales limitaciones que tiene el sistema de saneamiento en nuestro país según la investigación se centran en la imposibilidad de financiar el servicio por existir comunidades muy pobres, nivel de cobertura bajo para la población más vulnerable, falta de análisis de la calidad del agua, falta de cloración en muchas juntas o comisiones, contaminación del agua, falta de evolución de la organización de usuarios, falta de técnicos calificados para la reparación de los equipos, entre otras.
Un detalle interesante que deja el estudio es que mientras más extensas son las comisiones de saneamiento, es menos eficiente el servicio y más costoso. Asimismo, de 50% de las juntas o comisiones, 10% son buenas y 40% requieren una intervención menor para lograrlo.
Los problemas sistémicos que arroja la investigación tienen que ver con el crecimiento de la población y la mayor explotación del agua subterránea (acuíferos), el desborde de aguas contaminadas, carencia de una contabilidad técnica en las juntas y el modelo en gran parte no sostenible de las juntas de saneamiento.