Por ejemplo, el nuevo sistema fija los valores fiscales entre G. 128.898 y G. 542.883 por metro cuadrado en zonas pavimentadas de Asunción, mientras que en zonas con empedrado se ubica entre G. 98.567 y G. 324.518. Para construcciones urbanas, los valores oscilan entre G. 227.466 y G. 1.596.808 por metro cuadrado. Aunque la tasa del impuesto inmobiliario permanece en 1%, la actualización de valores genera inquietud entre propietarios y sectores productivos.
Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), recordó que esta actualización es un mecanismo establecido por ley desde 2015. “Es lo que dice la ley. Se puede o no estar de acuerdo, pero hay que cumplir o cambiar. Nadie quiere pagar más impuestos, pero es una obligación legal”, explicó.
Cristaldo también señaló que este mecanismo ya se aplicó en 2023 por la inflación del año anterior y destacó que, en esta ocasión, no se incluyó el ajuste extraordinario que proponía Catastro. “Lo que quedó sin efecto fue el ajuste extraordinario que planteaba aumentos del 100% o más respecto a los valores de 2022”, añadió.
Sin embargo, Pedro Galli, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), criticó el impacto que esta medida tendrá sobre el sector ganadero. “Independientemente de los argumentos para el ajuste, considero que es una carga más a la ya difícil situación que atraviesa el sector pecuario. En este país, donde los abusos y la corrupción no tienen límites, meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para sostener la ineficiencia del Estado siempre genera rechazo”, expresó Galli.
El debate se centra en cómo armonizar la necesidad de los municipios de aumentar sus ingresos con las dificultades que enfrentan los contribuyentes. Según Cristaldo, la tarea es balancear los intereses del contribuyente con la necesidad de recaudación de los municipios, algo que ya se trabajó en 2015 cuando se implementó este mecanismo.
Por su parte, los productores rurales argumentan que en un contexto de costos crecientes y menor rentabilidad, estas medidas profundizan las asimetrías entre los sectores formales y la informalidad, que sigue evadiendo sus obligaciones tributarias.