En un mundo donde el cambio climático está en el centro del debate global, los créditos de carbono constituyen una herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos certificados, que representan la reducción, captura o evitación de una tonelada de dióxido de carbono (o su equivalente), no solo protegen el planeta, sino que también abren puertas a grandes oportunidades de negocio. Desde proyectos de reforestación hasta energías renovables, los créditos de carbono permiten a empresas financiar iniciativas con impactos tangibles y sostenibles.
Paraguay se sube al tren verde con la Ley 7.190/23
En 2023, Paraguay dio un paso firme hacia el desarrollo sostenible con la promulgación de la Ley 7.190/23, un marco legal que regula los créditos de carbono generados en el país. Esta ley posiciona a Paraguay como un actor clave en el mercado global de carbono, atrayendo inversión extranjera y fomentando proyectos innovadores que combaten el cambio climático.
¿Qué hace única a esta ley?
La Ley 7.190/23 tiene varios objetivos estratégicos para equilibrar sostenibilidad y competitividad económica, destacándose entre ellos:
· Propiedad clara y trazabilidad: Los créditos de carbono se registran en un sistema centralizado que garantiza su autenticidad y transparencia.
· Colaboración público-privada: La ley fomenta alianzas entre empresas, comunidades y el gobierno para reducir las emisiones de GEI.
· Proyección internacional: Paraguay se integra a los mercados voluntarios de carbono, facilitando la exportación de créditos y atrayendo capital extranjero.
· Compromiso climático: Todo esto está alineado con las metas del Acuerdo de París, fortaleciendo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) debe supervisar el cumplimiento de la ley, gestionar el Registro Nacional de Créditos de Carbono (RNCC) y asegurar que las normativas se apliquen correctamente.
Transparencia y confianza: El RNCC
Un elemento clave de la Ley 7.190/23 es el RNCC, que tiene carácter público y será accesible para todos. Su misión es garantizar confianza y transparencia en el mercado. Así, el RNCC documentará:
· Los proyectos activos y los créditos generados;
· Las transacciones y transferencias realizadas; y
· Los adquirentes de los créditos, tanto locales como internacionales.
Certificación y comercialización: ¡Con estándares globales!
La certificación de los créditos estará a cargo de una entidad administradora, que podrá ser nacional o internacional. Este organismo verificará que los proyectos cumplan con los estándares internacionales más rigurosos y que las reducciones de emisiones sean reales y medibles.
Además, la Ley 7.190/23 permite que las empresas comercialicen sus créditos de forma parcial o total, ya sea vendiéndolos o incluso donándolos. Eso sí, este proceso estará regulado para asegurar la legalidad y trazabilidad de cada transacción.
¿Quiénes pueden participar?
Para formar parte de este mercado, los proyectos deben demostrar adicionalidad, es decir, que las reducciones de carbono logradas no habrían ocurrido sin la implementación del proyecto.
Entre los sectores clave para los proyectos destacan:
· Reforestación y conservación de bosques;
· Agricultura y ganadería sostenibles;
· Energías renovables y transporte limpio; y
· Gestión de residuos y procesos industriales.
Oportunidades para empresas visionarias
La Ley 7.190/23 ofrece a las empresas múltiples beneficios más allá de lo económico. Así, participar en proyectos de créditos de carbono significa:
· Acceso a mercados globales: Generar ingresos adicionales mediante la venta de créditos.
· Cumplimiento normativo: Adaptarse a regulaciones ambientales nacionales e internacionales.
· Reputación sostenible: Posicionarse como líderes en responsabilidad social y ambiental.
· Incentivos económicos: Obtener financiamiento para proyectos innovadores y sostenibles.
Hacia un futuro más verde y responsable: Repensando el concepto de sostenibilidad para un impacto duradero
En el sesgo indicado, el concepto de un "futuro más verde" va más allá de la simple preservación del medio ambiente. Hablar de "verde" implica construir un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico, el bienestar social y la conservación ambiental estén integrados, imaginando un mundo donde cada decisión, empresarial, gubernamental o personal, esté orientada a minimizar el impacto negativo en el planeta y a maximizar los beneficios para las generaciones futuras.
Por tanto, avanzar hacia un futuro "más verde" no se trata solo de plantar árboles o reducir emisiones (aunque esto es fundamental). Se trata de transformar por completo la forma en que producimos, consumimos y convivimos con el entorno. Un "futuro más verde y responsable" es aquel donde la sostenibilidad no es una opción, sino el camino lógico para asegurar un mundo más equilibrado y próspero para todos.
Este ideal no solo nos permite mitigar los efectos del cambio climático, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades económicas y a una mejor calidad de vida. Paraguay, con su Ley 7.190/23, da un paso firme hacia este futuro, demostrando que lo "verde" también puede ser rentable, inclusivo y transformador.