Anteriormente, el exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich Ferreira, estuvo al frente de Gelavex en el periodo 2017-2018, según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Marcet mencionó que Gelavex está conformado por delegaciones de la región (cada país tiene una) y organismos internacionales (como Gafilat), que se encargan de seguir una línea de acción para combatir el lavado de activos. En este caso, Paraguay se encargará de planificar el proyecto que será ejecutado hasta el 2023, confirmó el asesor.
"Esto muestra la confianza en el trabajo que estamos realizando en términos del control de lavados de activos, y toma mayor relevancia, porque en este periodo se renuevan las acciones estratégicas de los grupos de trabajo. Paraguay se encargará de diseñar todo este proyecto", comentó.
El plan estratégico se aplica en dos grupos de trabajo, uno vinculado a la recuperación de bienes o activos (Cooperación Internacional y Decomiso) y otro relacionado a unidades de inteligencia financiera e investigación (Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal).
Si, por ejemplo, Paraguay considera incluir un control sobre el manejo de los criptoactivos, todos los países presentan sus respectivos informes para determinar cómo están supervisando este segmento, según Marcet.
“Gafilat es parte de los organismos internacionales de Gelavex, entonces se ve esta designación como algo sumamente positivo”, añadió.
¿Cómo vamos con la evaluación de Gafilat?
"Con respecto a la evaluación, el viernes 6 de noviembre, se enviaron documentaciones a la secretaría ejecutiva de Gafilat. Informando sobre todas las actualizaciones del marco normativo y regulatorio, y las evidencias de lo que pasó entre marzo y octubre de este año", detalló Marcet.
Seprelad recibirá un borrador de evaluación mutua de Gafilat antes de marzo, luego trabajarán en un proceso de envío - recepción de documentos, hasta setiembre de 2021. “El informe final se revela en la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en diciembre de 2021”, informó el abogado.
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Una visión externa
Guillermo García Orué, especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Dinero Electrónico, indicó que la Seprelad tiene básicamente tres roles, uno es el de regulador, lo que implica que es la encargada de emitir las normas que los distintos sujetos obligados deben cumplir para prevenir el lavado de activos; el segundo rol es el de supervisor, pero únicamente de aquellos sujetos obligados que no tengan lo que se llama un supervisor natural; su tercer rol es ser Unidad de Inteligencia Financiera, lo que convierte en el órgano que recibe los llamados ROS (Reportes de Operación Sospechosa) que remiten los diversos sujetos obligados cuando detectan operaciones que a su criterio no sean esperables.
“Seprelad es reporte-dependiente, es decir, la chispa que detona todo su mecanismo de inteligencia financiera es el ROS y solo puede actuar cuando recibe un ROS. Entonces, más que preguntarnos dónde estuvo la Seprelad en este o aquel caso de lavado de activos, debemos cuestionarnos dónde estuvieron los ROS que debieron ser remitidos por los sujetos obligados en este o aquel caso”, consideró García Orué.
Según el especialista, la institución ha demostrado con acciones concretas su compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La actualización del marco legal y regulatorio de prácticamente todos los sectores más sensibles, es uno de sus mayores logros y con certeza habrá de ser valorada en el marco de la evaluación mutua de Gafilat, argumentó.
“Tenemos lo que se necesita para superar satisfactoriamente la evaluación, toda vez que sepamos mostrar todo el trabajo que se realizó. Tanto el sector público como el privado han hecho grandes esfuerzos para luchar contra el lavado de activos y confío en que, si se logra demostrar todo lo hecho, eso será adecuadamente valorado por los evaluadores”, determinó.
Para García Orué, se ha avanzado en varios aspectos pero aún quedan algunos sectores muy importantes por regular, como por ejemplo algunos pertenecientes a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), como son los abogados y contadores cuando actúan en ciertas transacciones específicas.
Por otra parte, falta que las personas se acostumbren a las exigencias. “Creo que el mayor desafío está en crear una cultura de cumplimiento, es decir, que tanto los diversos componentes de las empresas y también sus clientes comprendan que la lucha contra el lavado de activos consiste en visibilizar a quienes no quieren ser visibilizados”, subrayó García Orué.