Fijan reporte de operaciones con criptoactivos desde US$ 5.000 anuales

La Resolución General N.º 47/2026 obliga a contribuyentes a reportar transacciones digitales desde US$ 5.000 anuales, en línea con estándares internacionales antilavado. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) publicó esta semana la resolución, que crea el primer esquema formal de trazabilidad fiscal para el mercado de criptoactivos en Paraguay.

La normativa establece la obligación de suministrar información detallada sobre transacciones con activos digitales, en el marco de un proceso más amplio de modernización del sistema tributario impulsado por la institución.

Según el documento oficial, estarán obligados a presentar una Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos (DJI – Criptoactivos) los propietarios, administradores o responsables de plataformas que operen en el país, así como las personas físicas o jurídicas residentes en Paraguay que realicen operaciones por un monto anual superior a US$ 5.000, ya sea de manera individual o en conjunto.

La presentación será anual a través del sistema Marangatu, en el tercer mes posterior al cierre del ejercicio fiscal, debiendo registrarse previamente la obligación 959 – DJI Criptoactivos. La primera declaración corresponderá al ejercicio 2026 y deberá presentarse en marzo de 2027. El incumplimiento será sancionado con una multa de G. 1.000.000.

La información requerida incluye datos sensibles como el tipo de transacción, fecha y hora, volumen negociado, identificador único de la operación (hash), direcciones de origen y destino, así como el tipo de billetera digital empleada. La normativa alcanza a compras, ventas, intercambios cripto-cripto, tenencia, pagos en cripto, minería, staking, lending, yield farming, donaciones, herencias y operaciones con NFTs, incluso si las operaciones se realizan en exchanges del exterior o de forma peer-to-peer.

El director general de la DNIT, Óscar Orué, había anticipado esta resolución durante un evento organizado por la revista Forbes Paraguay, donde señaló que la medida responde a la necesidad de establecer un marco legal que impulse la inversión, pero garantice la transparencia.

La medida se enmarca en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 2019 exige a los países regular los criptoactivos como parte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Paraguay, como miembro de GAFILAT, avanza en esta línea para fortalecer su sistema antilavado y evitar mayores escrutinios internacionales.

Paralelamente, el país explora la minería institucional de Bitcoin mediante un acuerdo entre la ANDE y la empresa Morphware para reutilizar ASICs incautados en operativos contra la minería ilegal. Además, tres bancos locales esperan autorización del Banco Central del Paraguay (BCP) para operar como rampas fiat para empresas cripto, mientras que la Ley N.º 7572/2025 del Mercado de Valores ya contempla la emisión de securities utilizando infraestructura blockchain.

A pesar del reconocimiento sobre la necesidad de un marco jurídico, referentes del sector manifestaron su preocupación por el nivel de detalle exigido. Joaquín Morínigo, CEO de Cripto Py y activista digital, explicó que cada operación deberá informarse con fecha y hora, identidad de los participantes o dirección de wallet, tipo de criptoactivo, red utilizada, cantidad exacta hasta diez decimales, valor en dólares, comisiones, gas fees y hash de la transacción.

“El problema es que la DNIT quiere saber todos los criptos que una persona tiene. Es mucha información sensible”, señaló Morínigo, advirtiendo sobre riesgos de seguridad. “Ya hubo casos en Francia, por ejemplo, de funcionarios de la oficina de impuestos que vendieron información de contribuyentes que tienen criptomonedas y que derivaron en robos”.

El activista también recordó la falta de armonización institucional. Contó que el BCP sostiene que los criptoactivos no son moneda, mientras que la Superintendencia de Valores considera que las monedas no tienen valor. Según Morínigo, el BCP estaría preparando un decreto para regular el negocio que se haría público en abril.

Mientras países como Estados Unidos solo obligan a declarar criptoactivos cuando se realiza una operación de venta, en Paraguay la tendencia apunta a una mayor transparencia, con todos sus riesgos asociados. La DNIT, por su parte, podrá requerir información adicional en el marco de sus facultades de control, verificación y fiscalización.

Tu opinión enriquece este artículo:

Mauricio Macri: “Soy un gran admirador de lo que consiguió Paraguay”

Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, participó del conversatorio Mentalidad Ganadora realizado en Luque, en el salón de la Conmebol, en calidad de invitado. El empresario, dirigente deportivo y político destacó que Paraguay haya tomado decisiones políticas y económicas acertadas en la era democrática y también contó experiencias que le sirvieron para triunfar en los negocios.

DNIT y bancos avanzan en intercambio de información: qué cambia para los contribuyentes

El acuerdo entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) abre una nueva etapa en el intercambio de información entre el sistema financiero y la administración tributaria. El convenio busca fortalecer la transparencia fiscal, combatir la evasión y avanzar en la digitalización de los procesos, pero también plantea interrogantes sobre sus alcances: ¿qué datos podrán compartirse, bajo qué condiciones y qué garantías existen para proteger la privacidad de los contribuyentes? 

Crece mercado asegurador, pero aún distante en comparación regional (utilidad técnica alcanza los G. 708.000 millones)

(Por MV) El mercado asegurador cerró el ejercicio 2025-2026 con crecimiento en primas, una mejora de sus resultados técnicos y menores niveles de siniestralidad. La utilidad técnica neta se ubicó en G. 708.000 millones, con un crecimiento de 48,3% respecto al ejercicio anterior. Detrás de los buenos indicadores aparece uno de los principales desafíos estructurales de la industria: ampliar la cobertura en un país donde la penetración del seguro todavía representa apenas el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).