Casos conocidos como el de Despierta Paraguay ponen en evidencia la delgada línea entre una opinión legítima y una campaña de desprestigio. Lo relevante aquí es que la investigación fiscal busca determinar, entre otros puntos, si se utilizaron recursos públicos para financiar campañas digitales de hostigamiento y desprestigio.
El Ministerio Público conformó un equipo especializado para investigar un supuesto perjuicio patrimonial al Estado y un eventual desvío de fondos públicos destinados originalmente a programas de asistencia social.
En conversación con InfoNegocios, la abogada Alejandra Peralta de Merlo, doctora en Derecho, especialista en Derechos Humanos y docente de esta materia, explicó que el análisis no puede partir de la censura. Por el contrario, sostuvo que la libertad de expresión constituye una base esencial de la democracia y está protegida tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales ratificados por Paraguay.
Para la especialista, el crecimiento de internet y de las plataformas digitales modificó por completo la velocidad con la que circula la información y, con ello, también los desafíos para proteger la libertad de expresión y combatir la desinformación. “La libertad de expresión es un derecho, es la base de la democracia, sin libertad de expresión no existe la democracia”, afirmó.
“La desinformación se contrarresta con mayor información, no con actos de censura”, sostuvo Peralta, al explicar que, cuando se trata de información de interés público, la respuesta debe pasar por generar mayor debate y aportar datos que permitan contrastar aquello que circula en las redes.
¿Dónde aparece entonces el límite?
El Código Penal paraguayo contempla tres figuras dentro de los hechos punibles contra el honor y la reputación: calumnia, difamación e injuria. La primera se configura cuando, a sabiendas y contra la verdad, se afirma o divulga un hecho sobre otra persona capaz de lesionar su honor. El segundo caso también contempla la afirmación o divulgación de un hecho capaz de afectar el honor, mientras que la injuria incluye tanto la atribución de un hecho como la expresión de un juicio de valor negativo sobre otra persona.
En el entorno digital, una publicación aislada puede transformarse en algo más grave cuando existe repetición, alcance masivo o una estructura destinada a amplificar determinado contenido. De hecho, el propio Código Penal contempla circunstancias específicas cuando estas conductas se realizan ante una multitud, mediante publicaciones o de manera repetida durante un periodo prolongado.
Sin embargo, Peralta pone especial énfasis en no confundir la protección del honor con la censura. Para la especialista, cuando existe información falsa, la respuesta en una sociedad democrática debe ser promover el acceso a información verificada y fomentar el debate, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público.
La discusión cambia cuando la campaña no surge simplemente de usuarios que expresan una opinión, sino que presuntamente existe una estructura organizada para producir y amplificar determinados contenidos. En el caso de la denominada “Red Desinformante”, investigaciones periodísticas identificaron páginas y campañas de pauta digital dirigidas contra periodistas, opositores, empresarios y otras voces críticas, mientras que la Fiscalía analiza la eventual utilización de recursos estatales.
Para Peralta, si se comprobara que se utilizaron fondos públicos para financiar campañas destinadas a atacar a actores sociales, el problema trascendería una disputa sobre reputación. “Lo grave es cuando el sistema se tuerce y se utilizan fondos públicos”, sostuvo, al advertir que en ese escenario también se pone en juego el debate democrático.
La abogada explicó que el impacto tampoco debe medirse únicamente desde el punto de vista individual. Una campaña sostenida puede generar un efecto de autocensura en quienes buscan denunciar hechos de corrupción o cuestionar a quienes ejercen el poder, especialmente cuando la persona afectada no cuenta con los recursos económicos para enfrentar una estructura organizada.
En ese sentido, Peralta remarcó que el desafío para el Ministerio Público pasa también por determinar cómo se movieron los recursos y quiénes participaron de la eventual estructura. “El Ministerio Público también tiene que contar con las herramientas digitales y humanas para poder llevar adelante este tipo de investigación que cada vez va a ser más compleja”, señaló.
La trazabilidad del dinero se vuelve, por eso, uno de los puntos centrales. ¿Quién pagó la pauta? ¿A través de qué empresa? ¿Quién contrató? ¿Qué cuentas recibieron los recursos? ¿Quién creó o administró los perfiles? En una investigación de este tipo, responder esas preguntas puede ser tan importante como identificar a quien escribió una publicación.
La especialista también señaló que el desafío irá creciendo con la inteligencia artificial. Los contenidos cada vez más difíciles de distinguir del material real, las cuentas automatizadas y las nuevas herramientas digitales pueden ampliar la capacidad de generar y distribuir desinformación. Para Peralta, tanto los legisladores como los jueces deben adaptarse a una realidad tecnológica que no existía cuando fueron redactadas muchas de las normas actuales.
“Tenemos que estar a la altura de todos estos desafíos que nos pone la era digital”, afirmó, al señalar que las herramientas tecnológicas evolucionan mucho más rápido que las normas que buscan regular sus efectos.
La discusión, además, no se limita a las redes sociales. Peralta advirtió que la utilización de campañas de desinformación puede adquirir dimensiones todavía más delicadas cuando alcanza ámbitos como el sistema financiero, las inversiones o los procesos electorales, donde la información puede incidir directamente en la toma de decisiones.
Otro punto que cobra relevancia de cara a los próximos años son las elecciones. En 2028, la circulación masiva de información en redes será parte del escenario electoral, y la especialista considera necesario garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la mayor diversidad posible de información sin que las campañas coordinadas condicionen ese debate.
En este punto, Peralta plantea una advertencia sobre el alcance que podría adquirir el fenómeno si las herramientas digitales se utilizan de manera sistemática para manipular información. “El día de mañana esto también puede ser utilizado como una forma de terrorismo de Estado”, sostuvo, al referirse a los riesgos que podría generar la desinformación dependiendo del contexto y del ámbito en el que sea utilizada.
Así, la cuestión es quién está detrás de una campaña, quién la financia y hasta dónde puede llegar una operación digital antes de convertirse en un problema jurídico. Porque en internet, una publicación puede parecer apenas un comentario, pero cuando detrás existen dinero, coordinación y una estrategia para multiplicarla, la discusión deja de ser solamente digital.
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