“La Cámara Paraguaya del Agua es una asociación de aguaterías privadas, netamente del sector privado. Prestamos servicio casa por casa, con medidores, reservorios y perforaciones de pozos artesianos”, explicó Martínez en conversación con InfoNegocios. En todo el país, incluso en zonas alejadas, estas aguaterías cubren áreas donde el Estado no tiene capacidad de llegar. “La mayoría de las aguaterías surgieron por la inoperancia del Estado de poder hacer llegar agua potable a la comunidad. Hasta hoy, el Estado no tiene la capacidad estructural de abastecer a toda la población”.
Actualmente, más de 400 aguaterías forman parte de la Cámara, aunque el total de prestadores privados, juntas y comisiones vecinales llega a unos 5.800 a nivel nacional, según datos del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
El problema principal es económico. “Invertir en una aguatería no tiene rentabilidad bajo ningún aspecto. Los costos de electricidad y mantenimiento son altísimos, los materiales se dispararon por la pandemia y no podemos aumentar los precios sin autorización del Estado”, advirtió. Martínez ejemplifica la desproporción: “Una gaseosa de 3 litros cuesta G. 22.000 a G. 25.000, y dar agua potable continua, con presión, clorada y de calidad, no puede superar los G. 20.000. La mayoría de las familias cree que el agua debería ser gratis”.
Este desequilibrio provoca que muchas aguaterías operen en lo que Martínez llama un “quiebre técnico”, sin margen para reinversión. Además, el agua en Paraguay es una de las más baratas de la región, mientras que, en áreas como Foz de Iguazú, Brasil, una conexión domiciliaria mínima puede costar G. 170.000 por 10-15 mil litros.
A esto se suma un problema creciente de calidad. “Tenemos muy altos índices de nitrato, al borde de los límites que marca la OMS. Eso nos obliga a perforar pozos cada vez más profundos: antes con 40 o 50 metros asegurábamos calidad, hoy llegamos a 200 o 250 metros”, detalló. Cada pozo más profundo significa una inversión mucho mayor, pero sin posibilidad de trasladar esos costos al usuario debido a la regulación.
Martínez también alertó sobre el derroche y la falta de cultura de cuidado del agua. “El agua es extremadamente barata, y la gente la derrocha: vacían piscinas y vuelven a llenarlas porque es más rentable que mantenerla. En verano, colapsan los sistemas por la sobrecarga”, explicó. Además, la contaminación del subsuelo y de ríos por arroyos, basuras, aceites y residuos industriales agrava la situación.
El acceso al agua potable también fue histórico motor del desarrollo urbano, pues Martínez recordó la experiencia de su familia en la ciudad de San Lorenzo: “Cuando mis padres llegaron, no había luz ni agua. La gente compraba terrenos porque había acceso al agua. Eso fue fundamental para el avance poblacional en el Área Central”.
Hoy, el sector enfrenta un círculo vicioso del que no puede salir ya que se exige calidad, continuidad y clorado, pero no hay margen para ajustar tarifas ni cubrir costos de energía y materiales. “No podemos alzar un solo guaraní sin autorización del Estado. Nos exigen parámetros técnicos, físicos y meteorológicos, pero la inversión no es rentable”, detalló.
Para buscar soluciones, la Cámara impulsó mesas de trabajo con las instituciones logrando aplicar un aumento gradual de tarifas acorde a la inflación. Sin embargo, Martínez advierte que los desafíos persisten con infraestructura costosa, contaminación, crecimiento poblacional y un tabú social sobre el precio del agua.
“El agua es vida, pero, así como estamos, cada vez se hace más difícil sostener el servicio. Cada vez necesitamos pozos más profundos, pero lo ideal sería cuidar la calidad del recurso y no tener que perforar más”, concluyó.
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