Según el ex ministro de Industria y Comercio y actual senador, Gustavo Leite, el Ministerio de Economía no distará mucho de lo que actualmente realiza el Ministerio de Hacienda, que cumple funciones organizativas del presupuesto público, recauda, pero no tiene la potestad de desarrollar por sí mismo planes de carácter económico. "Con la alianza público privada que se utilizó para la ruta de Ypacarai el tiempo que se necesita para trasladarse disminuyó. Ahora, con la estructura actual del Estado, coordinar una obra así implica pasar por una serie de requisitos burocráticos", agregó.
El senador expresó en el pleno de la cámara que la administración de Peña lo que buscará será acelerar el funcionamiento del Estado para la implementación efectiva de medidas de carácter público.
Problemas son varios, consideró analista
El consultor e investigador Rodrigo Ibarrola sostuvo que el proyecto de creación del Ministerio de Economía y Finanzas tiene varios problemas, pero el primero de todos es de índole metodológica. "Por más que los que acompañan el proyecto revelaron que existe otro que establece un marco regulador para la organización administrativa del Estado, siguen insistiendo con este ministerio", complementó.
Ibarrola recalcó que ya obra en el Congreso el proyecto de ley que establece las reglas para estos cambios, lo que no tiene sentido porque a las apuradas están creando ministerios. Aparte, el consultor indicó que de aprobarse este proyecto se pretende absorber tres instituciones sin regular su estructura orgánica, las atribuciones, obligaciones y otras prerrogativas que resultará en una omisión de regulación legislativa.
"Este proyecto fue presentado como una acción dentro de una política de racionalización de los gastos del Estado y su achicamiento. Pero en realidad, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Secretaria de la Función Pública (SFP) son dos instituciones muy pequeñas", aseveró.
Según datos de recopilación propia, juntos agrupan apenas 253 empleados, entre permanentes y contratados. Además, sumados los presupuestos de la STP y la SFP, representan apenas 1,4% del presupuesto que el Ministerio de Hacienda destina a su funcionamiento. "Si a ese presupuesto se le suman los recursos no asignables a programas, las asignaciones representan solo el 0,2% de Hacienda", enmarcó.
Por último, Ibarrola dijo que se debe tener en consideración que SFP tiene facultades normativas y disciplinarias sobre los funcionarios públicos en general. A su criterio, es absolutamente irresponsable transferir en forma genérica competencias tan relevantes sin señalar con precisión qué dependencia las ejercerá ni el nivel jerárquico que ocupará dentro de la administración.
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