En conversación con InfoNegocios, el abogado, árbitro y profesor de Contratos Juan Carlos Corina explicó que la nueva normativa moderniza el sistema arbitral paraguayo, incorpora herramientas más actuales y por sobre todo fortalece la seguridad jurídica, siendo un aspecto que considera fundamental en un contexto donde el país busca atraer más inversiones.
"Paraguay está viviendo un importante crecimiento económico y necesita mecanismos eficientes para resolver los conflictos que inevitablemente surgen en las relaciones comerciales", sostuvo.
La cláusula que puede marcar la diferencia
Para que un conflicto pueda resolverse mediante arbitraje existe un requisito fundamental y es que las partes hayan pactado previamente una cláusula arbitral dentro del contrato o, en su defecto, suscriban posteriormente un acuerdo arbitral.
En otras palabras, antes de que aparezca el problema ambas partes deben acordar que, si surge una controversia, no acudirán a un juez ordinario, sino a un tribunal arbitral integrado por árbitros independientes elegidos conforme a las reglas establecidas.
"El arbitraje ofrece otra posibilidad: si las partes así lo acordaron en su contrato, el conflicto será resuelto por árbitros independientes elegidos conforme a las reglas pactadas", explicó Corina.
Un ejemplo sencillo sería la compra de un departamento. Si la empresa constructora incumple con la entrega, el comprador puede acudir a la Justicia ordinaria o, si el contrato contiene una cláusula arbitral, iniciar un arbitraje. La diferencia radica únicamente en quién resolverá la controversia.
¿Diez años o diez meses?
Para Corina, la principal ventaja del arbitraje no es solamente la especialización de quienes resuelven el conflicto, sino el tiempo.
"Hoy, para las empresas, resolver un conflicto rápidamente puede ser tan importante como tener razón", afirmó.
Mientras un juicio tradicional puede atravesar excepciones, apelaciones, recusaciones y diversos recursos que prolongan el proceso durante ocho, diez o incluso más años, un arbitraje puede concluir aproximadamente en diez meses.
Además, aclaró que el laudo arbitral tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial firme, por lo que la decisión resulta obligatoria para las partes y puede ejecutarse judicialmente.
Otra diferencia importante es que el arbitraje prácticamente elimina las instancias recursivas. La legislación únicamente contempla una acción de nulidad para casos excepcionales expresamente previstos por la ley, lo que brinda mayor previsibilidad sobre el cierre definitivo del conflicto.
Un alivio para la Justicia y una señal para los inversores
Corina sostiene que el arbitraje no busca reemplazar al Poder Judicial, sino complementarlo.
Los conflictos patrimoniales entre particulares pueden resolverse por esta vía, permitiendo que los jueces concentren sus esfuerzos en aquellas causas donde existe un interés público que necesariamente debe ser atendido por la justicia estatal.
Desde el punto de vista económico, considera que esta mayor eficiencia también fortalece la competitividad del país.
"Las inversiones necesitan reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos eficientes. Una empresa no puede esperar diez o quince años para saber si un contrato será cumplido o no", señaló.
Es por ello que la nueva Ley de Arbitraje envía una señal positiva a quienes evalúan invertir en Paraguay, al ofrecer un marco jurídico alineado con estándares internacionales para la resolución de controversias.
Finalmente, Corina destacó que el país ya cuenta con instituciones preparadas para acompañar este crecimiento, como el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), y estima que, a medida que se consolide la cultura arbitral, las empresas dejarán de ver al arbitraje como una alternativa excepcional para convertirlo en la primera opción al momento de resolver conflictos comerciales.
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