Con 41 votos a favor, el oficialismo logró la cantidad necesaria para avanzar con la reforma de la caja fiscal, de modo que posteriormente el Senado tome las modificaciones o bien opte por la versión inicial.
La reforma aprobada establece nuevos parámetros para las jubilaciones de docentes, docentes universitarios y magistrados judiciales bajo la caja fiscal. Para acceder a la jubilación ordinaria, estos funcionarios deberán cumplir 57 años de edad y acumular 25 años de aportes, con una tasa de sustitución —el porcentaje del salario que representa la pensión— que oscilaría entre el 70% y el 85%. Para la jubilación extraordinaria, los requisitos se fijan en 55 años como edad mínima y 30 años de aportes, con una tasa de sustitución del 60% al 70%. El cálculo del haber se realizará sobre la base de los últimos 10 años de aportes, con una incorporación gradual del 5%, tal como había adelantado el ministro Fernández Valdovinos.
Para los integrantes de las fuerzas públicas (policías y militares), la jubilación ordinaria requerirá también 57 años de edad y 25 años de aportes, con tasas del 70% al 85%, mientras que la jubilación extraordinaria se podrá solicitar a los 55 años, con una tasa del 70%.
En paralelo, los diputados modificaron el régimen de la caja de jubilaciones de los legisladores. A partir de ahora, los congresistas podrán jubilarse de forma ordinaria a los 60 años, habiendo cumplido tres períodos consecutivos o no, y de forma extraordinaria a los 55 años, con dos períodos. Por propuesta del diputado oficialista Hugo Meza, se incorporó una cláusula explícita que prohíbe al Estado realizar aportes adicionales a esta caja, la cual se nutrirá exclusivamente del 24% del salario del legislador.
Los gremios docentes anunciaron un paro para el 23 de febrero, advirtiendo que la medida no solo afectará el inicio del calendario lectivo, sino que podría impactar en programas estatales sensibles, como los contratos de proveedores del plan Hambre Cero. Desde el Gobierno se insiste en que estas reformas son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema hasta el año 2031, planteando además una futura revisión de la fórmula de cálculo de los haberes.
En un análisis preliminar, el economista Rodrigo Ibarrola calificó la propuesta como un “parche” que no resuelve los problemas estructurales del sistema previsional. “El Gobierno habla siempre del 2031 como límite. A partir de 2033 volvemos a tener el mismo tamaño de déficit. Incluso el escenario de reforma es mayor al escenario actual; es decir, no se frena el ritmo con el que se va gastando el dinero que destina el Tesoro”, advirtió.
“Esta es una discusión política que debe definir la sociedad. Antes debemos definir cómo pagamos y quién aporta, y ahí es donde nadie quiere entrar: ningún gobierno”, sostuvo.
Con la nueva versión, el Estado reconoce su participación en estas cajas con un aporte del 5% —gradual— sobre el salario del funcionario, un porcentaje que los gremios consideran insuficiente. Ibarrola aportó un dato revelador: actualmente, el Estado subsidia de facto la caja con un aporte cercano al 12%.
“La idea del Gobierno es ir bajando esa proporción”, explicó, y objetó que el Ministerio de Economía presente un déficit de US$ 380 millones compensado por el Tesoro, cuando en realidad lo que puso el Estado el año pasado fue US$ 210 millones y el resto fue aportado por los trabajadores.
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