Espínola afirmó que el proyecto parte de una premisa equivocada. "El pagaré es un instrumento milenario del comercio y no es la causa real de la crisis. El problema radica en la falta de control y recursos en los Juzgados de Paz, que permitieron irregularidades como notificaciones fraudulentas y expedientes extraviados". Según el vocero, la Corte Suprema de Justicia, al ser responsable del descontrol en estos juzgados, no debería liderar una solución que imponga más burocracia.
Además, destacó que la iniciativa no cuenta con la tecnología adecuada para garantizar su eficiencia. "Un registro de pagarés debe ser hiperdinámico, sin entorpecer la circulación del título. De lo contrario, será letra muerta, como muchas leyes en Paraguay", agregó. Otro punto crítico es la falta de diálogo con los actores financieros.
Espínola reveló que no fueron consultados durante la elaboración del proyecto, a pesar de que el sector crediticio es uno de los principales afectados por cualquier cambio en la normativa de pagarés. "Nosotros tuvimos que golpear puertas para hacernos escuchar. Los legisladores están actuando bajo presión mediática, sin un análisis riguroso del problema real", denunció.
Esta postura coincide con la de otras entidades, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), que también advirtió que el proyecto aumentaría costos y cargas administrativas, perjudicando el acceso al crédito.
Sobre las acciones del Estado para enfrentar el escándalo de ejecuciones múltiples de pagarés, Espínola reconoció algunos avances, como la Guía de Cobranzas de la Sedeco, pero criticó la inacción del Poder Judicial. "Las autoridades están paralizadas por el pánico mediático. El Congreso, en lugar de buscar soluciones estructurales, solo reacciona a los titulares", aseveró.
Espínola recordó que el problema no es el pagaré en sí, sino la manipulación fraudulenta en los juzgados, donde se detectaron casos de un mismo documento ejecutado en múltiples tribunales. "Si no se modernizan los juzgados y se garantiza la trazabilidad digital, cualquier registro será inútil", insistió.
Para Espínola, la prioridad debería ser: fortalecer los Juzgados de Paz con más recursos y tecnología, digitalizar los procesos judiciales para evitar fraudes, y consultar al sector financiero antes de impulsar reformas. "Si seguimos legislando sin diagnóstico claro, solo crearemos más problemas", sentenció.
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