Y cuando la mayor parte del dinero se concentra justamente en la tecnología, la preocupación no se trata sólo de administrarlo, sino qué tan protegido está.
Las denuncias por cuentas vaciadas, transferencias no reconocidas, compras que las víctimas aseguran no haber realizado o incluso préstamos que dicen no haber solicitado comenzaron a multiplicarse también en redes sociales, donde usuarios exponen públicamente sus casos en busca de respuestas. Recientemente, incluso una legisladora denunció haber sido víctima de un hecho de este tipo. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades y no todos los fraudes se producen de la misma manera.
El volumen de dinero que se mueve dentro del sistema permite dimensionar el problema. Al cierre de junio, la cartera de depósitos del sistema bancario alcanzó unos G. 189 billones, mientras que la cartera de créditos llegó a G. 182,7 billones, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Es por ello que el desafío no es únicamente bancario ya que las modalidades de fraude también evolucionaron y los delincuentes buscan cada vez más aprovechar los puntos débiles de los usuarios.
¿Banco o cliente: quién responde?
Según comentó a InfoNegocios el abogado Stephan Vysokolán, especialista en Derecho Financiero y Protección de Datos, no existe una regla que permita determinar automáticamente que la responsabilidad corresponde al banco o al cliente cuando aparece una operación no reconocida. La situación debe analizarse caso por caso y considerando elementos técnicos como el dispositivo desde el cual se originó la operación, las credenciales utilizadas y si el usuario comunicó oportunamente el robo o extravío de su dispositivo.
Pero esto tampoco significa que una entidad financiera pueda desentenderse de lo ocurrido. Según el especialista, los bancos tienen obligaciones relacionadas con la gestión de riesgos tecnológicos y deben contar con mecanismos preventivos y de detección capaces de identificar operaciones anómalas.
“La entidad financiera no debe comportarse como un espectador pasivo ante los casos de fraude”, sostuvo Vysokolán.
Explicó que si una entidad no implementó o no activó adecuadamente sus controles, o no logró detectar una operación con señales evidentes de anomalía, podría existir una responsabilidad compartida, aun cuando el usuario haya cometido algún error.
Entregar la clave no siempre cierra la discusión
Uno de los argumentos que suelen aparecer después de un fraude es que el propio cliente entregó sus claves, códigos o datos. Sin embargo, para Vysokolán, esa explicación por sí sola no determina la responsabilidad.
La diferencia está en cómo se produjo el engaño. No es lo mismo una negligencia grave y aislada del usuario que entregar información después de caer en un esquema de phishing, instalar un malware o ser víctima de una suplantación que aproveche debilidades en los canales de comunicación y seguridad.
Por eso, señala que la entidad debe poder acreditar técnicamente cómo se realizó la operación y cuáles fueron los mecanismos de autenticación utilizados. También debe demostrar que sus sistemas contaban con los controles correspondientes.
El fraude ya no llega solo por correo
El tradicional phishing sigue siendo una de las principales vías de engaño, pero ahora convive con otras modalidades. Vysokolán menciona el vishing, mediante llamadas que suplantan al banco; el smishing, a través de mensajes; y el quishing, que utiliza códigos QR fraudulentos.
A esto se suma una modalidad especialmente preocupante: el malware de acceso remoto o RAT, que puede permitir a un atacante controlar o visualizar el dispositivo de la víctima y operar aplicaciones como si fuera el propio titular.
También aparecen casos de suplantación de identidad, plataformas falsas de inversión o préstamos y fraudes en sitios de compraventa.
“El punto de entrada ya no es la aplicación del banco, sino el correo electrónico o el WhatsApp personal del usuario, que suele estar mucho menos protegido”, advierte.
¿Qué hacer si vacían una cuenta?
La recomendación inmediata es contactar al banco y dejar constancia formal del hecho, solicitando el bloqueo preventivo de cuentas, tarjetas y accesos digitales. También es fundamental conservar capturas de pantalla, mensajes, correos, notificaciones y cualquier otra evidencia relacionada con las operaciones cuestionadas.
El afectado puede además realizar una denuncia penal y recurrir a las instancias de defensa del consumidor y atención al consumidor financiero que correspondan.
Pero el problema trasciende una contraseña robada. La enorme cantidad de información personal y financiera que circula actualmente entre bancos, billeteras, fintech, aplicaciones y proveedores tecnológicos multiplica los puntos de exposición.
Vysokolán, director de Vysokolán Consultores, cuenta con certificación internacional en Protección de Datos y fue designado representante en Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP). Desde esa perspectiva, advierte que la protección no puede depender exclusivamente de que el usuario “no comparta su clave”, sino de construir una verdadera cultura de seguridad y protección de datos en el País.
Tu opinión enriquece este artículo: