El eje del planteamiento es el denominado fondo de contingencia, una cuenta del pasivo del IPS que hoy acumula cerca de US$ 33 millones. Estos recursos se originaron en 2005, cuando las aseguradoras privadas dejaron de emitir pólizas de vida para jubilados prestatarios por razones de edad. Frente a ese escenario, el instituto implementó un esquema interno de cobertura mediante pequeñas retenciones aplicadas a los créditos otorgados, funcionando como un sistema de autoseguro.
Ese mecanismo cobró relevancia durante los años de pandemia. “En 2019 y 2020 el fondo fue clave para cubrir saldos de préstamos ante el aumento de fallecimientos de adultos mayores”, explicó Pereira. Superada esa etapa, los recursos no utilizados permanecieron invertidos principalmente en certificados de depósito, generando intereses dentro del sistema financiero.
Actualmente, el monto acumulado supera ampliamente el capital mínimo requerido para habilitar un banco en Paraguay, estimado en torno a US$ 10 millones. Desde el IPS aclaran que la propuesta no contempla el uso de recursos del fondo jubilatorio, sino capital que ya forma parte del circuito crediticio del propio instituto.
En los hechos, el IPS ya opera con una escala relevante. La caja de préstamos del IPS otorga créditos a funcionarios, jubilados y pensionados y administra una cartera de préstamos cercana a los US$ 492 millones, con más de 15.000 prestatarios activos. Del total, aproximadamente el 77% corresponde a jubilados y pensionados, mientras que cerca del 13% pertenece a funcionarios en actividad. Un dato clave para cualquier análisis financiero es el bajo nivel de riesgo: la morosidad ronda apenas el 0,5%, gracias al esquema de descuentos automáticos sobre salarios, jubilaciones y pensiones.
“Es una de las carteras más seguras del sistema”, sostuvo Pereira, remarcando que la caja de préstamos del IPS ya opera con lógica bancaria, aunque sin la posibilidad de captar depósitos ni ampliar su fondeo.
El diferencial de tasas aparece como uno de los principales atractivos del proyecto. Hoy, los recursos del IPS colocados en certificados de depósito rinden entre el 8% y el 9% anual. Una banca social permitiría otorgar créditos a tasas estimadas de entre el 13% y el 17%, mejorando los retornos institucionales y, al mismo tiempo, reduciendo el costo financiero para los tomadores, en especial jubilados, trabajadores formales y pequeñas y medianas empresas.
A esto se suma una restricción estructural: la legislación vigente fija límites a las colocaciones de las cajas previsionales en instrumentos como bonos y certificados de depósito, y el IPS se estaría acercando a esos topes. En ese contexto, diversificar las alternativas de inversión aparece como una estrategia para sostener la rentabilidad del sistema en el largo plazo.
El marco regulatorio que deberá superar el proyecto
La eventual creación de una entidad bancaria privada implicaría atravesar un proceso regulatorio estricto, bajo la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). De acuerdo con la Ley N.º 861/96 de Bancos, ninguna entidad puede iniciar operaciones bancarias sin una autorización previa y expresa del ente regulador.
El trámite debe canalizarse a través de la Superintendencia de Bancos, ante la cual se debe presentar una solicitud formal que incluya la justificación del capital, un plan de negocios, la estructura de gobierno corporativo y el cumplimiento integral de las normativas prudenciales.
La normativa también establece que los organizadores deben demostrar capacidad financiera, mientras que los directivos propuestos deben acreditar probada idoneidad en materias financieras. En el caso de personas jurídicas, se exige la presentación del estatuto social, RUC y documentación del representante legal. El capital de origen extranjero, en tanto, recibe el mismo tratamiento que el capital nacional.
Desde el sistema financiero, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) recordó que aún no cuenta con información suficiente para evaluar el proyecto y subrayó que será el BCP quien determine su viabilidad una vez que la propuesta sea presentada formalmente. También señaló que deberá analizarse su impacto en términos de competencia, fondeo y asignación de crédito.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa de análisis interno y será elevada al Consejo de Administración del IPS. Más allá de su desenlace, el debate ya está instalado: cómo transformar una de las carteras de crédito más seguras del país en una herramienta que mejore retornos, baje tasas y amplíe el acceso al financiamiento, sin comprometer la sostenibilidad del sistema previsional.
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