Guillén explicó que reformas clave como la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) y la reforma del transporte público permiten sostener la inversión en infraestructura urbana y social, además de acelerar proyectos estructurales como el Tren de Cercanías y grandes corredores viales. En ese contexto, el MOPC prioriza obras que fortalecen la posición de Paraguay como hub logístico multimodal y que impactan directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Entre los ejes centrales para 2026, el funcionario resaltó la ejecución de contratos de infraestructura urbana vinculados a hospitales, escuelas, accesos viales, espacios públicos, agua potable y saneamiento. “Son obras donde vive la gente y que responden a la directriz del presidente Santiago Peña de priorizar recursos con alto impacto ciudadano”, señaló.
La infraestructura de salud se consolida como uno de los pilares de la política pública. Desde el inicio del actual Gobierno, el Estado destinó más de US$ 550 millones a la construcción y modernización de hospitales estratégicos. Proyectos como el nuevo Hospital de Asunción y el nuevo Hospital Nacional de Itauguá redefinen la logística hospitalaria a nivel país, mientras que los hospitales de Curuguaty, Concepción y el Chaco amplían el acceso a servicios de salud. A esto se suman las mejoras en el INCAN y la planificación de nuevos centros en San Estanislao y Ciudad del Este, que permitirán que unas 500.000 familias accedan por primera vez a atención médica cercana.
En paralelo, el MOPC impulsa una fuerte agenda de infraestructura urbana, en respuesta a un proceso acelerado de urbanización. El Área Metropolitana, Alto Paraná e Itapúa concentran más del 70% de la economía nacional, lo que convierte a las ciudades en espacios clave para la competitividad. Proyectos como el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, con 1.500 viviendas sostenibles; la rehabilitación de avenidas estructurantes como Mariscal López, Artigas y Avelino Martínez; y los planes Central II y III, con más de US$ 130 millones en pavimentación urbana, reflejan una visión integral de desarrollo.
La agenda urbana también incorpora la recuperación de espacios públicos. Guillén confirmó el inicio de los contratos de reconversión del Centro Histórico de Asunción y del Parque Caballero, proyectos impulsados desde la Oficina de la Primera Dama. Además, el Gobierno firmó contratos para la recuperación de parques emblemáticos como Ñu Guasú y Guasu Metropolitano, con el objetivo de equilibrar crecimiento urbano y calidad de vida.
En materia de conectividad regional, el 2026 estará marcado por los avances del Corredor Bioceánico, considerado una obra insignia. El Puente de la Bioceánica, que une Carmelo Peralta con Puerto Murtinho, registra un avance significativo y apunta a finalizarse en el primer trimestre del próximo año. Esta obra reducirá en más del 40% los tiempos de traslado hacia los mercados asiáticos. A su vez, el sur del país fortalece su perfil logístico con el Puerto de Pilar y el Corredor de Integración Suroeste (PY20), que contempla una inversión de US$ 277 millones.
El ingeniero Guillén destacó además corredores estratégicos para la producción y el comercio, como el Corredor Metropolitano del Este, en Alto Paraná, con una inversión de US$ 122 millones y 31 kilómetros de carretera de cuatro carriles. Esta infraestructura resulta clave para la industria maquiladora, que concentra el 50% de las empresas del sector y supera los US$ 1.000 millones en exportaciones. También mencionó obras como la mejora de la Ruta PY22 y el tramo Pozo Colorado–Concepción, orientadas a conectar zonas productivas con puertos y mercados.
Respecto al nivel de inversión pública, el director de DIPE afirmó que el Estado apunta a mantener y consolidar el volumen de obras mediante instrumentos de financiamiento no tradicional. Para 2026, el MOPC prevé iniciar proyectos como la APP Ruta 1, la adenda de la APP Ruta 2 con la autopista elevada y el proyecto llave en mano de la Ruta 10, que en conjunto superan los US$ 700 millones con financiamiento privado. A esto se suma una cartera activa de más de 160 contratos en ejecución, que superan los US$ 2.000 millones.
Finalmente, sobre el impacto del atraso en los pagos del Estado a las constructoras, Guillén señaló que el Gobierno realiza esfuerzos para honrar sus compromisos y mantener la continuidad de las obras. Consideró que esta situación impulsa el fortalecimiento de modelos como APP, concesiones y contratos llave en mano, que no dependen del financiamiento estatal durante la etapa constructiva. “Pese a los desafíos, las obras no se paralizan, gracias a la colaboración del sector privado y al compromiso del MOPC, preservando el dinamismo de la infraestructura pública y la confianza entre el Estado y las constructoras”, concluyó.
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