La casación es un recurso extraordinario que permite revisar sentencias definitivas cuando existen posibles errores en la aplicación de la ley o incumplimientos de formas procesales.
Actualmente, el recurso de casación existe únicamente en materia penal, pese a que la Constitución Nacional contempla esta figura entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.
El punto está específicamente en el artículo 259, inciso 6, de la Constitución, que establece como atribución de la máxima instancia judicial “conocer y resolver en el recurso de casación en la forma y medida que establezca la ley”.
En conversación con InfoNegocios, el decano González Morel explicó que ese artículo deja en claro que la propia Constitución paraguaya reconoce la existencia de la casación, pero que posteriormente debe ser desarrollada por las leyes procesales de cada materia.
“En materia penal sí existe el recurso extraordinario de casación, pero en materia civil no tenemos esa regulación dentro del Código Procesal Civil”, dijo.
“No revisa hechos ni pruebas, solamente errores de derecho”, señaló, y sostuvo que se trata de una institución que representa una deuda pendiente en nuestro sistema jurídico.
González Morel también mencionó otro punto constitucional vinculado al debate: el artículo 256, que establece que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley, además de garantizar que “la crítica a los fallos es libre”.
Según el jurista, ambos artículos reflejan que el sistema judicial debe apuntar a resoluciones coherentes, previsibles y correctamente fundamentadas.
Uno de los principales cuestionamientos del decano apunta justamente a la falta de uniformidad entre tribunales.
“Hoy tenemos un grave problema de impredecibilidad de los fallos. Que una sala tenga un criterio, otra sala otro criterio y otra sala otro criterio ante una misma situación planteada va contra la seguridad jurídica”, sostuvo.
En términos prácticos, explicó que actualmente, cuando una resolución queda firme en materia civil, las posibilidades de revisión son limitadas.
“Cuando la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema se expide, solamente queda la aclaratoria, que no modifica el fondo de la cuestión”, afirmó.
El abogado considera que esta situación afecta directamente la seguridad jurídica y termina impactando en el clima de inversiones, especialmente en conflictos comerciales, societarios o contractuales, donde las empresas buscan previsibilidad sobre cómo podrían resolverse los litigios.
“No puede ser que ante una misma situación diferentes tribunales tengan criterios distintos, porque la justicia no es una ciencia oculta, es pura lógica”, agregó.
Sin embargo, el debate también abre la discusión sobre la mora judicial. Consultado sobre si la incorporación de la casación civil podría generar más congestión en los tribunales, González Morel reconoció que actualmente el Poder Judicial ya enfrenta una fuerte sobrecarga de causas.
“Hoy los tribunales están abarrotados de juicios. Tenemos altos índices de litigiosidad y muchas cuestiones que ni siquiera deberían judicializarse”, indicó.
Aun así, considera que la casación civil podría terminar ayudando a ordenar el sistema y reducir la dispersión de criterios jurídicos.
“Muy por el contrario, vamos a descongestionar nuestros tribunales y vamos a dejar de tener el problema de la impredecibilidad de los fallos”, afirmó.
El académico señaló además que la figura existe en gran parte de los países de la región y pidió abrir un debate más amplio sobre la modernización del sistema judicial paraguayo.
En su análisis, el abogado también apeló a una mirada histórica del sistema republicano para reforzar la necesidad de debate institucional. Recordó la evolución de la división de poderes como base del Estado moderno y citó procesos históricos que, según explicó, buscaron evitar la concentración del poder en una sola autoridad.
En ese sentido, planteó que las reformas jurídicas no deben verse solo como ajustes técnicos, sino como parte de una construcción más amplia del sistema republicano, donde la previsibilidad de las decisiones judiciales, la educación jurídica y el debate académico cumplen un rol central en la consolidación de la institucionalidad democrática.
“Tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones y socializarlas con la sociedad. Lo importante es que haya debate y participación”, concluyó.
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