El acuerdo establece un marco de colaboración para la transferencia de resultados de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). Concretamente, permite que Paraguay implemente proyectos de reducción de emisiones que, al cumplir con estrictos estándares internacionales, puedan generar créditos de carbono. Estos créditos serán luego adquiridos por entidades en Singapur que buscan cumplir con sus metas de reducción de emisiones.
"Estamos hablando de un mecanismo con doble beneficio: por un lado, la reducción efectiva de emisiones a nivel global; por el otro, una fuente real de ingresos para Paraguay", dijo el ministro De Barros.
Los sectores elegibles para implementar estos proyectos abarcan desde la reforestación y la agricultura sostenible hasta las energías renovables y la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, incluyendo iniciativas bajo el mecanismo REDD+.
Paraguay asume una serie de compromisos clave bajo este acuerdo. El primero es garantizar que los resultados de mitigación generados sean de alta calidad e integridad ambiental. Esto implica cumplir con los requisitos del Artículo 6 del Acuerdo de París, lo que a su vez demanda: reducciones reales y medibles de emisiones, pruebas de adicionalidad, y sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV).
“Los proyectos deberán generar beneficios tangibles a nivel local, como la creación de empleos verdes, la innovación tecnológica, el fortalecimiento institucional y la mejora en la gestión de recursos naturales. A cambio, recibiremos ingresos económicos, atraeremos inversión sostenible, desarrollaremos capacidades técnicas y cumpliremos nuestros compromisos internacionales. Es una oportunidad para demostrar el liderazgo climático del Paraguay", señaló De Barros.
Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es la estructura legal y reglamentaria que lo sostiene. Gracias a la promulgación de la Ley 7190/23 de Créditos de Carbono y su reglamentación a través del Decreto 3369, Paraguay logró sentar las bases para una participación amplia e inclusiva en el nuevo mercado de carbono.
"Esta ley no es solo para grandes corporaciones. Está diseñada para incluir a todos los actores de nuestra economía, en primer lugar a los pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales. La legislación estableció mecanismos específicos para facilitar su inclusión en el mercado de carbono, brindándoles incentivos, asistencia técnica y simplificando los procesos para que puedan desarrollar proyectos de captura de carbono en sus tierras, adoptando prácticas más sostenibles”, contó Rolando.
Comunidades indígenas: exentas del canon, podrán beneficiarse directamente de la conservación de sus territorios, en reconocimiento a su rol fundamental en la protección de la biodiversidad.
Empresas agroindustriales y forestales: con mayor capacidad de inversión, podrán desarrollar proyectos de gran escala que generen importantes volúmenes de créditos de carbono.
Sector energético: incentivado para desarrollar fuentes renovables y mejorar su eficiencia, con lo que contribuirá a la reducción de emisiones y al cumplimiento de metas nacionales.
Organizaciones civiles y cooperativas: con un papel articulador clave, podrán facilitar el acceso de los pequeños actores al mercado y promover proyectos integrales con impactos sociales y ambientales.
"Estamos demostrando que Paraguay no solo quiere, sino que puede ser parte activa de la solución global al cambio climático", afirmó De Barros.
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