Ante la desaparición de una persona, cada minuto puede marcar la diferencia entre un desenlace favorable y una tragedia. Sin embargo, durante años persistió entre la ciudadanía la creencia de que era obligatorio esperar 24, 48 o incluso 72 horas antes de acudir a una comisaría.
Ese mito quedó definitivamente atrás. La entrada en vigencia de la Ley MAFE y del nuevo protocolo nacional de búsqueda modificó la forma de actuar de las autoridades y puso el foco en una respuesta inmediata.
Una vez que la Policía Nacional activa la alerta, Meta envía automáticamente una notificación a los usuarios de Facebook, Instagram y Messenger que se encuentren dentro de un radio de 160 kilómetros del último lugar donde fue vista la persona desaparecida. El aviso incluye su fotografía, descripción física y otros datos relevantes para facilitar su identificación y localización.
La alianza con Meta busca reducir los tiempos de respuesta, eliminar trámites innecesarios y movilizar a la ciudadanía durante las primeras horas, consideradas fundamentales para la búsqueda. La Policía Nacional fue capacitada para activar el mecanismo de forma inmediata, en coordinación con las instituciones que integran el sistema nacional creado por la Ley MAFE y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Conade).
Con esta implementación, Paraguay se incorporó al programa internacional de alertas para niños desaparecidos de Meta, inspirado en el sistema estadounidense Amber Alert. El mecanismo permite que la información llegue directamente a miles de personas ubicadas en la zona donde podría encontrarse el menor, ampliando rápidamente el alcance de la búsqueda.
Cómo surgió MAFE
El oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped), recordó que la normativa fue creada tras el caso de María Fernanda y que establece un procedimiento unificado para activar la búsqueda desde el primer momento.
“La principal recomendación es no esperar. Desde el instante en que exista preocupación por una persona, se debe presentar la denuncia”, enfatizó.
La Ley N.º 7605/25 no solo establece el protocolo oficial de búsqueda, sino que además creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Conade), organismos encargados de centralizar la información y coordinar el trabajo entre distintas instituciones del Estado.
Las estadísticas muestran la dimensión del problema. Según datos del departamento especializado, este año ingresaron 1.039 denuncias, de las cuales 772 fueron resueltas con la localización de las personas, mientras que otras 248 continúan desaparecidas.
Entre quienes siguen siendo buscados figuran 154 adultos, 78 adolescentes y 16 niños de entre 0 y 13 años, considerados la máxima prioridad para los equipos de investigación.
El aumento de las denuncias, explicó Vera, no necesariamente significa que existan más desapariciones, sino que ahora más personas denuncian de inmediato gracias a la campaña de concienciación impulsada por la Policía Nacional.
Otro cambio importante es que ya no existe la obligación de acudir únicamente a la comisaría correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho. Actualmente, cualquier dependencia policial del país debe recibir la denuncia y remitirla inmediatamente al departamento especializado, que inicia la investigación sin pérdida de tiempo.
Una vez ingresado el caso al sistema Quantum, los investigadores elaboran un flyer con la fotografía y los datos básicos de la persona desaparecida, que se difunde a través de las redes sociales oficiales de la Policía Nacional. Posteriormente, los agentes toman contacto con los familiares para profundizar la investigación.
La utilización de las redes sociales se convirtió en una herramienta decisiva. Según Vera, una gran cantidad de personas fue localizada gracias a ciudadanos que reconocieron a los desaparecidos tras ver las publicaciones oficiales y aportaron información de manera voluntaria.
El departamento también cuenta con apoyo tecnológico. Mediante la coordinación con la Conatel y las empresas de telefonía, los investigadores pueden acceder —bajo autorización y estricta confidencialidad— a la geolocalización aproximada de teléfonos celulares y a los registros de llamadas para reconstruir los últimos movimientos de la persona buscada.
Los motivos detrás de una desaparición también varían según la edad. En los casos de niños pequeños, predominan los conflictos derivados de disputas entre padres separados por el régimen de convivencia. En los adolescentes aparecen con mayor frecuencia problemas familiares, violencia intrafamiliar, falta de contención emocional o situaciones de consumo de drogas.
De acuerdo con el oficial, alrededor del 20% de los casos de adolescentes está relacionado con episodios de violencia o abuso dentro del entorno familiar.
En los adultos, por su parte, las desapariciones suelen estar vinculadas a cuadros de depresión, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, o situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los problemas que aún enfrenta el sistema es que muchas familias no comunican que la persona ya fue localizada, lo que obliga a mantener abiertas investigaciones que ya no corresponden.
Para agilizar tanto las denuncias como la recepción de información, el Departamento de Búsqueda y Localización mantiene habilitada una línea de WhatsApp disponible las 24 horas, al número 0986 760 083, mediante la cual cualquier ciudadano puede aportar datos de forma anónima.
El mensaje que buscan instalar las autoridades es simple, pero contundente: cuando una persona desaparece, no hay que esperar. Denunciar de inmediato puede marcar la diferencia entre encontrarla a tiempo y perder horas decisivas para su localización.
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