En la primera fase la comisión presentará cuatro proyectos con un plazo máximo de implementación de dos años, que consistirán en el fomento al pago de la deuda por medio de refinanciamientos, mejores condiciones para la navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná, incentivos a la inclusión de personas al sector financiero y la capitalización de pequeños productores campesinos con acuerdos públicos-privados.
Refinanciamiento de deudas
El fomento al pago de la deuda establecerá convenios de refinanciamiento para el sector público y una ley que establezca la creación de un fideicomiso privado manejado por una casa de bolsa, con límite de refinanciamiento de hasta siete años dependiendo del monto de la deuda de la persona. La legislación ofrecerá tres tipos de productos: para funcionarios públicos con G. 40 millones en operaciones morosas o demandas, para funcionarios públicos que sobrepasan el monto y para deudores privados.
Según datos de la comisión, el 30% de los funcionarios públicos poseen deudas con el sector privado, lo que equivale a aproximadamente 100 mil personas, de las cuales 40 mil se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Inclusión financiera
La segunda propuesta también tiene que ver con el ámbito crediticio, específicamente con la conocida Ley de Tarjetas de Crédito, que la Comisión Especial de Economía procurará modificar, particularmente los artículos 9 y 10, que establecen las normas de transparencia y defensa del usuario, aparte de delimitar las tasas de interés dentro de lo que son consideradas no usurarias, aproximadamente hasta el 37,73%.
“Hace cuatro años el Congreso reguló el uso de las tarjetas de crédito con la visión de evitar que haya un abuso en los intereses. Los resultados nos dicen que las personas hoy en día no pueden acceder a una tarjeta de crédito para llegar a fin de mes o comprar medicamentos porque muchas personas quedaron fuera del sistema por morosidad”, expresó Carlos Núñez Salinas, presidente de la comisión. Entretanto, cabe señalar que actualmente el límite para las tasas de tarjetas está entre 14% y 15% según el BCP.
El diputado añadió que estas personas fueron a pedir dinero a usureros a quienes terminaron pagando entre 200% a 300% de interés. Asimismo, desde la comisión mencionaron que desde la introducción de la Ley Nº5476/2015 –Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito–, cerca de G. 433.000 millones se perdieron en financiamiento vía tarjetas, US$ 70 millones en consumo y más de US$ 1.423 millones de pérdida para los comercios.
Mejor navegación fluvial
La tercera acción consistirá en establecer mejores condiciones para la navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná, reestructurando el tratado de 1968 a través de la Cancillería para construir una carretera fluvial que permitirá movilizar hasta US$ 2.200 millones por año. “Conversamos con empresarios y nos manifestaron su conformidad con Paraguay desde la perspectiva alimentaria, sin embargo, empiezan a haber dudas cuando se habla de la conectividad porque es muy costoso trasladar productos. Queremos que nuestro país se convierta en un hub logístico para que así los países que nos compran también mejoren su seguridad alimenticia”, agregó Núñez Salinas.
Créditos específicos para productores
Otra de las acciones que impulsará la comisión está destinada al sector agrícola y tiene que ver con la creación de una ley de fideicomiso para pequeños productores a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) con fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y la modificación de la Carta Orgánica de la CAH, para que de esta manera los pequeños productores agrícolas cuenten con productos diseñados de forma especial, priorizando a aquellos que cultiven productos estratégicos.
Futuras acciones
Aparte de los cuatro proyectos presentados en esta primera fase establecida por la Comisión Especial de Economía de Diputados, otras seis están en proceso y posteriormente también serán abordados con mayor relevancia. Se destaca la creación de la canasta de medicamentos básicos, incentivos fiscales a mejorar el medio ambiente y el sector forestal, incentivos fiscales a mipymes, acceso de pymes al capital, fortalecimiento de la AFD y la creación de la Superintendencia de Pensiones.
Es importante aclarar que estos paquetes cuentan una segunda fase en la que se dará énfasis a las acciones para reformar estructuralmente la economía del país, teniendo como plazo medio entre dos y seis años y como plazo largo, seis a 10 años.
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