La propuesta consiguió su aprobación con modificaciones, por lo que pasa a Diputados para su tratamiento. El proyecto original fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y algunos de los puntos más relevantes son la postergación de pago de impuestos, facturas de servicios públicos, el endeudamiento público y el control de los recursos.
"El proyecto en general es bueno, sin embargo, considero que hay medidas que deberían ser mucho más explícitas. Sin embargo, la postergación de impuestos y el pago de servicios públicos son importantes para tranquilizar a la población, al igual que el aporte estatal de US$ 100 millones al IPS para pagos por reposos y ayuda a cotizantes activos con cancelación de contrato", opinó Ferreira, quien además sostuvo que la medida referente a los cheques diferidos “no le parece muy clara”, teniendo en cuenta que la idea consiste en impedir que los que firmantes usen el dinero de su cuenta para que los cheques no queden sin fondos, lo que a su criterio “se propuso de manera muy acelerada y poco estudiada”.
Así también, Ferreira cuestionó lo incluido en la propuesta que se refiere a los alquileres, punto que en concreto prohíbe al Poder Judicial ejecutar desalojos hasta junio, siempre y cuando se abone al menos el 40% del total mensual. "La forma en la que se determina el financiamiento del saldo pendiente de pago es muy complicada, en realidad que el Estado regule un contrato entre privados es muy complicado. No incluiría esta medida dentro del proyecto, por más de que el alquiler sea algo sentido tanto por los inquilinos como por los propietarios", apuntó.
En relación al pago de US$ 100 millones por parte del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS), el exministro señaló que es inminente que “ya hay y habrá más despidos y suspensiones de contrato” –añadió– por lo que el apoyo económico a cotizantes del sector privado será muy positivo. "Los restaurantes, por ejemplo, están perdiendo muchísimas ventas, las ventas vía delivery es más o menos el 10% de la facturación que antes lograban. Esto no le permite a un propietario sostener la plantilla de personal”, agregó.
Por otro lado, Ferreira calificó de acertada la generación de subsidios para los trabajadores informales y recordó que actualmente el Banco Central del Paraguay (BCP) permite la refinanciación de todo tipo de crédito, por lo que es posible solicitar a los bancos negociar los pagos de préstamos, tarjeta de crédito e intervales, como algunos bancos ya anunciaron en sus cuentas oficiales a principios de semana.
Algunas disidencias
Uno de los cuestionamientos durante la sesión de ayer fue el mayor endeudamiento público, que, según Hacienda, pasará del 23% del PIB al 28%. Una cláusula del proyecto de emergencia habilita la posibilidad de que el Estado acceda a un financiamiento máximo de US$ 1.600 millones para mitigar el impacto del coronavirus.
La contrapropuesta general a esta medida es usar parte de las reservas internacionales del Banco Central del Paraguay y acceder a menos endeudamiento y, en unos casos, algunos senadores apelaron al aumento de impuestos al consumo de alcohol, tabaco y a la exportación de granos de soja en estado natural. Entretanto, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, indicó que el proyecto de emergencia autoriza al Ministerio de Hacienda a recibir préstamos del BCP, basándose en el Artículo 286, inciso 2 de la Constitución Nacional.
Puntos claves del proyecto
El proyecto de ley que declara “estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas y financieras” habilita al Estado paraguayo la adquisición de empréstitos y emisión de bonos del tesoro hasta US$ 1.600 millones, el aporte de US$ 100 millones al IPS para subsidiar reposos por enfermedad y el pago de una ayuda económica a cotizantes activos.
También se prevé la compra de insumos, equipamientos y personal necesario, aumento de instrumentos de testing e insumos para el cuidado preventivo del personal médico.
Mientras que las medidas de emergencia económica incluyen la exoneración de la factura de Ande por tres meses a todos los usuarios cuyo consumo sea menor a G. 250.000 mensual. Y los usuarios cuyo consumo de energía eléctrica sea mayor a G. 250.000 por mes tendrían la posibilidad de diferir los pagos por tres meses con fraccionamiento de hasta 18 meses. Asimismo, el pago de Essap, Copaco, Juntas de Saneamiento y aguateras privadas será exonerado por tres meses, no obstante los beneficiarios de esta última medida serían determinados por el Ejecutivo.
Los impuestos podrán ser postergados en su pago durante marzo, abril y mayo, incluyendo impuestos pendientes de pago correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Referente a otros subsidios, el documento propone el 25% del salario mínimo hasta dos veces, sujeto a modificaciones del Congreso a futuro, para trabajadores informales e independientes e ciudadanos indígenas.
La creación del Fondo Social administrado por el Ministerio de Hacienda, que destinará US$ 300 millones para la constitución de dicho fondo es otra de las medidas que establece el proyecto.
Otras medidas
- Capitalización para la AFD, al Fondo de Garantía de las Mipymes y al Crédito Agrícola de Habilitación, junto a la capitalización para la Essap a fin de mitigar los problemas de agua potable. El monto total de las inversiones será de US$ 45 millones.
- Redireccionamiento de créditos presupuestarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) a las Entidades directamente afectadas por la emergencia. Racionalización de gastos superfluos como catering, transporte, pasajes y viáticos, subsidio familiar, retiro voluntario, entre otros.
- Diferimiento del pago de los OEE de los servicios básicos a las empresas públicas, con financiamiento en 12 cuotas sin recargos e intereses.
- Autorizar el pago de gratificación al personal médico afectado directamente a la atención de la pandemia. También dan la potestad a los organismos responsables de la atención de la salud a contratar personal temporalmente.
- Creación del Fondo de Emergencia Sanitaria para la utilización discrecional del Ministerio de Salud en el caso de prescindir servicios, bienes y construcción de obras.
- Sumario de inscripción actualización de mipymes al registro de la SET, IPS, MIC y MTESS para impulsar la formalización.
- Suspensión de solicitudes de devolución de créditos fiscales y aquellos en trámite.
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