El planteamiento contempla cinco medidas de ahorro distribuidas en tres ejes: eficiencia del gasto operativo, mejora de las compras públicas y reasignación de programas sociales.
De concretarse los ajustes, el presupuesto de la Administración Central pasaría de G. 87,9 billones en el proyecto original y G. 87,6 billones con la adenda a G. 83,5 billones, equivalentes a US$ 12.930 millones, según el tipo de cambio utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El economista Jorge Garicoche, encargado de presentar la propuesta técnica, explicó que el objetivo es reducir el déficit fiscal en un punto porcentual del producto interno bruto (PIB), del 3,9% previsto inicialmente al 2,9%.
Según el diagnóstico presentado, los ingresos corrientes crecerían apenas un 3,5%, mientras que los gastos corrientes aumentarían un 13,4%. A esto se suma una posible sobreestimación de US$ 840 millones en la partida de otros ingresos, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El análisis también advierte que las emisiones de deuda previstas para 2027 superarían los US$ 2.500 millones y que parte de esos recursos se destinaría a financiar gastos corrientes.
“Quiero ser bien claro con eso. Lo que se presentó en el Presupuesto General de la Nación al legislativo es una cosa irresponsable técnicamente, no es sostenible en el tiempo”, cuestionó.
Cinco medidas para reducir el gasto
La propuesta contempla cinco medidas que, en conjunto, permitirían un ahorro estimado de US$ 670 millones.
La primera apunta a la contención salarial y de vacancias en la función pública, con un ahorro proyectado de US$ 97 millones. Entre las acciones planteadas se encuentran el congelamiento de cargos administrativos vacantes, la suspensión de nuevas contrataciones administrativas y la reducción de bonificaciones extraordinarias.
También propone cancelar contratos vinculados con afinidad política o parentesco, permitir la reposición de personal administrativo únicamente en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y establecer límites al incremento del personal de blanco en el Ministerio de Salud.
La segunda medida consiste en racionalizar los gastos administrativos no esenciales, con un ahorro estimado de US$ 70 millones. Esto incluye reducir gastos en viajes, catering y publicidad estatal, además de implementar un sistema electrónico, abierto y público para controlar la utilización de vales de combustible de vehículos oficiales.
En materia de compras públicas, el planteamiento contempla centralizar la adquisición de medicamentos para integrar la demanda del Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas y las sanidades Militar y Policial.
Esta medida permitiría un ahorro estimado de US$ 220 millones mediante una mayor coordinación de las compras y la implementación de mecanismos de trazabilidad de inventarios.
Ajustes a los programas sociales
Otro de los principales componentes de la propuesta es la reasignación y focalización del programa Hambre Cero, con un ahorro proyectado de US$ 210 millones.
El planteamiento busca mantener la cobertura completa durante los 180 días del calendario escolar en los distritos más vulnerables, correspondientes a los quintiles 1 y 2 del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE), con desayuno, almuerzo y colación.
Para los distritos intermedios, comprendidos en el quintil 3, se propone una cobertura focalizada, mientras que en las zonas urbanas consolidadas se plantea implementar complementos nutricionales.
Garicoche explicó que la intención es optimizar la distribución de los recursos sin dejar de atender a los sectores de menores ingresos e incluso fortalecer la asistencia en las zonas de mayor vulnerabilidad.
La quinta medida apunta a depurar el padrón de beneficiarios del programa de adultos mayores, con un ahorro estimado de US$ 73 millones.
Para ello, se propone realizar cruces automáticos mensuales de información entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el IPS, Registros Públicos y las cajas privadas, con el objetivo de identificar a personas fallecidas o beneficiarios que no cumplan con los criterios establecidos.
Según los cálculos presentados durante el foro, cada punto porcentual de error en el padrón representa un costo aproximado de US$ 7 millones anuales.
El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, explicó que el objetivo inmediato es que las propuestas sean consideradas durante el tratamiento legislativo del PGN 2027.
Los gremios ya mantuvieron conversaciones con el Poder Ejecutivo y buscarán acercar el planteamiento al Congreso, teniendo en cuenta los plazos para la aprobación del presupuesto.
El sector privado busca incidir en el presupuesto
Garicoche reconoció los recortes realizados durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, aunque todavía resultan insuficientes para alcanzar una trayectoria fiscal sostenible.
El planteamiento no busca comprometer el pago de los atrasos del Estado con sus proveedores, sino identificar espacios de ahorro que permitan reducir el déficit sin afectar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Asimismo, existe disposición del sector privado a analizar otras alternativas de ajuste que puedan surgir del Poder Ejecutivo o del Congreso, siempre que contribuyan al objetivo de reducir el déficit fiscal.
Una propuesta en medio de la incertidumbre
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, sostuvo que la propuesta busca contribuir a amortiguar el impacto de la crisis mediante un presupuesto más racional.
“Estamos en un Paraguay 180 diferente respecto a cuando se elaboró y presentó este presupuesto. Con mucha más incertidumbre, con pérdida de confianza en la gestión y con pérdida de credibilidad en las instituciones”, cuestionó Cristaldo.
En la misma línea, Víctor González Acosta, presidente de la organización civil Horizonte Positivo, afirmó que la participación conjunta de gremios, asociaciones, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil busca instalar un mayor control sobre el uso de los recursos públicos.
El representante sostuvo que el presupuesto constituye una prioridad inmediata, pero adelantó que el trabajo conjunto también apuntará a impulsar reformas estructurales del Estado.
“A partir de aquí vamos a controlar cada guaraní que se gasta, dónde se gasta y cómo se gasta. Para terminar con los privilegios, para terminar con el clientelismo, para terminar con la corrupción”, resaltó Acosta.
De esta manera, el sector privado busca que el PGN 2027 incorpore medidas de contención del gasto y una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos, en un escenario en el que se presentan incertidumbres respecto a los efectos que tendrá sobre la economía el caso ueno bank.
Tu opinión enriquece este artículo: