“La energía debe ser un instrumento activo del desarrollo industrial”, sostuvo Giménez durante su intervención en el Foro Energético Nacional, donde presentó la iniciativa. La medida también es vista como una forma de consolidar el creciente poder del Ministerio de Industria y Comercio, que viene asumiendo tareas que antes no le correspondían, como la búsqueda de créditos flexibles para la industria, la transparencia en la importación de combustibles y otros temas.
Desde la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), la postura fue favorable. “El MIC es la institución que tiene todas las herramientas para insertar la minería en la economía del país”, señaló Víctor Fernández, presidente del gremio.
Fernández recordó que, si bien el MOPC fue clave en los inicios del proceso minero moderno —gracias a la ley de 2007—, la reglamentación de 2018 generó retrocesos. “Es el momento ideal para dar un nuevo impulso al sector y espero que esta reestructuración dé ese paso”, afirmó.
Según Giménez, el traspaso responde a una lógica de eficiencia: mientras el MOPC se encarga de la infraestructura, el MIC puede ofrecer una mirada más estratégica en términos económicos e industriales. En tiempos en que se discuten temas como el hidrógeno verde, los biocombustibles y los yacimientos en zonas como Caapucú, contar con una visión integradora puede marcar la diferencia.
Además de la cuestión técnica, hay una lectura política inevitable. Claudia Centurión, actual titular del MOPC, enfrenta cuestionamientos por su débil ejecución de obras, mientras que Giménez aparece cada vez más como la carta fuerte del Ejecutivo para gestionar áreas críticas.
Fernández, por su parte, fue más allá y planteó un desafío estructural: “Paraguay necesita una ley minera con estándares regionales. Debe competir con las de Perú o Chile, que, pese a sus ventajas geológicas y acceso al mar, ofrecen marcos legales confiables para atraer inversiones”, finalizó.
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