La compañía notificó al Gobierno su intención de recurrir a un arbitraje comercial si la situación contractual no se resuelve. Sin embargo, la empresa todavía mantiene su intención de invertir en Paraguay. La espera para encontrar un acuerdo que convenza a ambas partes será de tres meses.
Jorge Ramos Brown, asesor legal de Atome PLC en Paraguay, explicó ayer en Radio Monumental que, en realidad, la empresa no pide una tarifa preferencial, sino estabilidad y blindaje contractual.
Por su parte, la ANDE exige a Atome un aval de US$ 40 millones por la reserva de potencia. La estatal estableció un plazo para la presentación de una póliza de garantía bancaria como condición para mantener vigente su contrato de reserva de 145 MW.
El Proyecto Villeta de Atome está valuado en US$ 665 millones y cuenta con compromisos de financiamiento de una decena de instituciones multilaterales y fondos internacionales: IDB Invest (BID), la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Verde para el Clima, la Corporación Alemana de Inversión (DEG), Impact Fund Denmark y Hy24.
El exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, explicó que, generalmente, la garantía que solicita la empresa estatal se utiliza para asegurar el cumplimiento de la contratación de energía. “El cliente pide una cantidad de potencia y eso tiene un costo asociado que la ANDE debe tener cubierto. El contrato depende de la garantía”, señaló.
Entretanto, explicó que la particularidad que posee el contrato con Atome es que el documento fue modificado mediante varias adendas. El contrato de conexión y suministro de energía eléctrica fue firmado en mayo de 2022 para la conexión y el suministro en muy alta tensión (220 kV) para la planta industrial de Atome en Villeta. La tarifa correspondía a la Categoría 620 del Pliego N.º 21 o “la que la sustituya en futuros pliegos de tarifas, y conforme a los criterios comerciales vigentes”.
En ese entonces, la vigencia del contrato se extendía hasta diciembre de 2032, con la posibilidad de prorrogarlo por 10 años. La potencia reservada era de 60.000 kW desde el 1 de enero de 2025. No obstante, se presentó la Adenda N.º 1 en noviembre de 2022, que modificó la cláusula 7 y estableció un escalonamiento de potencia: 60.000 kW desde enero de 2025 y 120.000 kW desde julio del mismo año.
Luego se hicieron dos adendas más: una en julio de 2023, para obtener una potencia reservada de 145.000 kW desde el 1 de junio de 2025, y otra en setiembre de 2024, que modificó la cláusula 7.1 de potencia reservada, con una cantidad de 145.000 kW desde enero del año que viene. La ANDE terminó derogando las resoluciones por considerar que se exponía a un caso de lesión de confianza.
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