Gafilat, sigla del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica con el objetivo común de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En este espacio técnico y político convergen los esfuerzos para evaluar los avances de cada nación, proponer mejoras en los sistemas legales y financieros, y fomentar una cultura de cumplimiento en toda la región.
“Es una oportunidad para aportar la experiencia nacional, aprender de otras jurisdicciones y contribuir al fortalecimiento del sistema regional de prevención”, señaló Garcete en conversación con InfoNegocios, al explicar lo que representa para el país su rol en esta instancia. El juez destacó que haber sido invitado como ponente es “un gran honor y una responsabilidad para nuestra nación”, ya que permite visibilizar los avances logrados por Paraguay y, al mismo tiempo, asumir el compromiso de seguir consolidando su marco normativo.
La participación de Garcete se dio en el marco de los trabajos del Grupo Técnico de Alto Nivel y de la Sesión Especial del organismo, espacios donde se abordaron temas esenciales como la supervisión del sistema financiero, el rol de las empresas en la prevención de delitos económicos y la necesidad de cooperación interinstitucional para una respuesta efectiva al crimen organizado.
Para Garcete, la lucha contra estos delitos no es solo un desafío jurídico, sino una condición necesaria para fortalecer la economía formal y la credibilidad internacional. “Fortalecer estos controles es esencial para proteger la integridad del sistema financiero, evitar que el crimen organizado se infiltre en la economía formal y garantizar la seguridad nacional”, afirmó.
Según explicó, los efectos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo no se limitan al ámbito económico, sino que generan consecuencias profundas en lo social, en la gobernabilidad y en la política criminal. Por ello, desde su perspectiva, es imprescindible que las instituciones (ya sean públicas o privadas) adopten estándares de control más rigurosos, con personal capacitado y procedimientos efectivos para identificar operaciones inusuales.
El rol de las empresas y entidades financieras, en este contexto, es fundamental, puesto que la implementación de mecanismos de debida diligencia, el conocimiento del cliente, la trazabilidad de las operaciones y el reporte de actividades sospechosas forman parte del paquete de herramientas con el que se busca blindar el sistema económico frente a posibles infiltraciones del crimen organizado.
“Debemos combatir al crimen transnacional, para que nuestro país no pierda credibilidad ante los mercados internacionales”, enfatizó Garcete, al tiempo de remarcar que el compromiso de Paraguay con estos estándares “demuestra el avance del país en materia de transparencia, cooperación internacional y lucha contra los delitos financieros”.
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