El proyecto “Que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto”, que se encuentra en estudio en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro del Senado —presidida por el senador Patrick Kemper—, busca otorgar un marco legal nacional y uniforme a un sector que actualmente carece de legislación específica en Paraguay, a diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, que ya cuentan con sus propias leyes.
La iniciativa propone reemplazar las diversas ordenanzas municipales por una sola norma nacional, con ejes como el reconocimiento de la relación autónoma e independiente entre las plataformas y los prestadores, la libertad del conductor para elegir horarios y zonas, y un fuerte componente de seguridad que incluye la verificación biométrica, un botón de emergencia y un registro nacional de antecedentes.
Sin embargo, el gremio de conductores, si bien respalda la formalización de la actividad, advirtió que el texto actual omite la regulación de las empresas dueñas de las aplicaciones. Basilio Duarte, referente del sector, recordó que los trabajadores ya habían presentado observaciones técnicas cuando la iniciativa todavía era un anteproyecto, con la esperanza de que fueran incorporadas antes de su presentación oficial.
“Varias de esas propuestas no fueron incluidas en el documento”, lamentó Duarte, quien explicó que la demanda central es que la ley equilibre la relación entre los conductores y las plataformas, y establezca obligaciones claras para estas últimas en materia de transparencia en el cálculo de las tarifas, condiciones de desconexión o desactivación de cuentas y responsabilidad ante incidentes ocurridos durante el servicio.
Los conductores temen que, tal como está redactada, la norma profundice la asimetría de poder al centrarse en la formalización de los trabajadores y en la seguridad de los usuarios, pero sin protegerlos de decisiones unilaterales de las empresas tecnológicas, como la modificación intempestiva de las comisiones o las suspensiones arbitrarias sin derecho a defensa.
En la vereda opuesta, Manuel Ortiz, gerente sénior de Políticas Públicas para España y Latinoamérica de Bolt, expresó el total respaldo de la plataforma al proyecto. “Venimos trabajando en esta regulación desde hace tres años y hoy estamos cien por ciento alineados con el proyecto. Es el marco que Paraguay necesita para garantizar el mejor servicio y las mejores condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para los prestadores de servicio y las plataformas”, afirmó Ortiz.
Desde la perspectiva de la empresa, la ley otorga certezas al reconocer la independencia del conductor y establecer reglas claras sobre los vehículos, la seguridad y la supervisión a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Según los conductores de plataformas, la inclusión de un capítulo que regule a estas empresas no solo fortalecería el proyecto, sino que podría convertirlo en un verdadero pacto social que beneficie a todos los actores del ecosistema de movilidad y reparto, y consolide a Paraguay como un referente regional en materia de regulación equilibrada de la economía digital.
Tu opinión enriquece este artículo: